– Se entiende y se acepta, porque la situación  no es para menos, que el vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, ande de aquí para allá y de allá para acá visitando periódicos para defender el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina  a la constructora   Odebrecht, en el ojo de la tormenta luego de haber admitido que pagó 788 millones de dólares en sobornos en  12 países de América Latina, incluida  República Dominicana, para asegurarse la contratación de obras. También se entiende y se acepta, porque no le queda de otra  dada su participación directa  en el proceso, que  se atreva a decir en medio del torbellino de críticas  a todo lo que huela  a la multinacional brasileña que el proceso de diseño, licitación y adjudicación de esas plantas “fue claro como agua cristalina”. A lo que no tiene derecho, aunque se le hayan agotado los argumentos de carácter técnico,  ético o financiero  para defender la transparencia de la operación, es a decir que “Catalina tiene que terminarse porque el pueblo la demanda”. Simple y sencillamente porque al pueblo “noble y sufrido”, como siempre, nadie lo consultó ni le preguntó a la hora del gobierno embarcarse “en la única forma de que caminemos hacia una solución verdadera en este problema”, y por lo tanto no tiene velas que encender en ese entierro. De todas maneras creo que el gobierno tiene derecho, insisto, a defender con  todos los medios  a su alcance la decisión  de invertir US$1,945,000,000 (el cálculo en pesos hágalo usted, que yo sufro de vértigo)  para que podamos caminar hacia la solución al eterno problema eléctrico, incluida la zarandeada Comisión de Notables y la tremenda vaina que le ha caído  encima  por obra y gracia de un decreto presidencial.