Son recurrentes los escándalos y conflictos de la Junta Central Electoral, JCE. En varias ocasiones, algunos jueces de ese tribunal han acusado a su pendenciero presidente de violar elementales normas y procedimientos. Sus reiteradas violaciones lo han llevado a pelearse y desconocer competencias a instituciones del Estado, como la Cámara de Cuentas y la Dirección de Compras y Contrataciones, sin que ninguna autoridad le ponga freno. Todo lo contrario.

Por ejemplo, son conocidas las claras evidencias de irregularidad cometidas por la JCE para favorecer a una compañía licitante para la elaboración del nuevo carnet de identidad. Eso provocó una litis entre esa institución y una compañía que se consideró afectada. La Global ID Solutions y Phyhex Ventures, la afectada, incoó un recurso de revisión a la licitación a la Dirección de la Cámara de Cuentas, la cual lo acogió exigiéndole a la JCE la documentación del proceso del proceso de licitación, iniciativa ésta calificada de bellaquería por el vocero de ese tribunal.

Situándose por encima de la Ley 340-06, sobre la transparencia y rendición pública y transparente de los actos de las instituciones de carácter público, el presidente de la JCE hizo caso omiso a esa exigencia y siguió el proceso de confección del carnet. Hace poco inició la distribución del mismo comenzando con la entrega del “primero” al presidente de la República y a las principales figuras de los poderes fácticos del país. Una afrenta, de hecho, de parte del primero a la autoridad de la Dirección de Compras y Contrataciones, una insólita indiferencia ante un diferendo no terminado de alto calado ético y político entre dos instituciones del Estado.

Como si fuese dueño de la JCE, desconociendo la Ley 340-06, el señor Rosario se negó a suministrar la documentación con la que se podría demostrar la pertinencia o no de las argumentaciones de la compañía afectada, situándose por encima de la Dirección de Compras y Contrataciones y de toda la sociedad. Con la entrega del “primer carnet” a las máximas figuras del poder de este país, ese pendenciero presidente enviaba un mensaje del excesivo poder que el partido de gobierno le ha otorgado y del cual abusa con insano gusto.

El manejo discrecional que tiene de esa institución básica para el sistema de partidos lo ha llevado a tener graves controversias con diversas organizaciones políticas, prestándose a usar su puesto para favorecer al partido oficial y enfrentando otras instituciones de la sociedad civil y del Estado. Por ejemplo, por momentos ha querido desconocer las competencias de la Cámara de Cuentas, al rechazar auditorías de ésta, donde se demuestran graves irregularidades en materia de compras y contrataciones a terceros.

La Cámara de Cuentas da cuenta de que de manera recurrente, la JCE hace compras de bienes y servicios a terceros por cientos de millones de pesos, sin la exigencia de la debida certificación de registro de proveedor del Estado y sin llamado a licitación pública. Ese manejo de esa institución del Estado como si fuese una empresa particular de su presidente, nos plantea la necesidad de luchar por un tribunal electoral mínimamente decente e independiente.