Esa proclama compromete

Esa proclama compromete

En estos tiempos de tanta inseguridad ciudadana, cuando es casi asunto de vida cuidarse tanto del delincuente como del policía, provoca entusiasmo el compromiso -porque de eso se trata- que acaba de asumir el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, de llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar esa institución de arriba hasta abajo. De hecho, esa labor de profilaxis es un hecho a partir de las expulsiones y sometimiento a la justicia civil de policías que han manchado el uniforme y la dignidad de un organismo que tiene un papel estelar como garante de la seguridad de los ciudadanos. Han sido muchos los casos de policías involucrados en actos delictivos, como actores principales o como socios de otros.

La Policía Nacional tiene mucha gente digna, que a pesar de estar muy mal pagada, no negocia sus principios de honestidad ni descuida el deber de proteger al ciudadano. La antítesis de estos son los que procuran obtener beneficio pecuniario vendiendo al mejor postor su autoridad y la fe pública que deberían cuidar como un tesoro. Es necesario segregar a la gente que se ha corrompido en el desempeño de su función pública y premiar la honestidad de los que actúan apegados a las reglas. Un policía corrupto es un germen que puede dañar a otros y perjudicar al ciudadano que confía en él. Le tomamos la palabra, general Castro Castillo. Los ciudadanos que quieren el imperio de la ley estarán de su lado.

EXCESIVA CENTRALIZACIÓN

El Gobierno central ejerce una especie de monopolio en cuanto a recaudaciones fiscales. Los impuestos de vocación municipal son cada vez menos y las finanzas de los municipios cada vez más dependen del Gobierno central. Las regulaciones sobre los arbitrios dejan poco margen de acción y la autonomía financiera de los municipios no pasa de ser utopía. Para colmo, no se les entrega siempre la proporción que les corresponde del presupuesto del Estado.

Para que la democracia funcione como tal, hay que respetar las prerrogativas inherentes a las instituciones. Así como existe la separación de poderes del Estado, debería ensancharse el margen de autonomía de los municipios, siempre con apego a la integridad del Estado. Los impuestos de vocación municipal deben ser puntales de desarrollo para los municipios. La centralización excesiva es una negación de la democracia y un injustificable monopolio fiscal.

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