Lástima que entre los funcionarios judiciales no exista la reciedumbre moral de un hombre del brillo, la calidad humana y profesional del licenciado Heriberto Núñez, quien como juez declaró nulos los comicios en los cuales resultó “electo”, en 1930, el tirano Rafael L. Tejillo Molina. Su decisión y actitud le causaron tal situación que, durante 31 años, “cuando no estaba preso lo andaban buscando”. Finalmente tuvo la satisfacción de ver pasar el cadáver del enemigo por la puerta de su casa”.
Y es lástima porque a confesión de parte, relevo de pruebas, dice la máxima jurídica. Pero está muy extendida la creencia, y la convicción, de que algunos usan las posiciones judiciales, procuradores fiscales y jueces, en todos los niveles hasta los más encumbrados tribunales, para triquiñuelar, para vender sentencias, para ocultar expedientes para que periman o sean desestimados por los demandantes, por falta de recursos para mantener vigente el asunto.
Esta serie de graves denuncias no procede de ningún partido ni ningún líder de la oposición, es fruto, ojalá, que de la convicción y el deseo de hacerlo bien, de una cáscara del mismo palo, viene de Osmar Benítez, recién estrenado Ministro de Agricultura, las cuales respaldan las denuncias que realiza Hipólito Mejía, a quien algunos de sus colaboradores más cercanos le aconsejaban, para las elecciones del 2012, que la corrupción no era una bandera de campaña electoral, que a los dominicanos no les importaba el tema. Él ha seguido con sus denuncias bien documentadas y certeras.
Benítez declaró asuntos tan graves como que hace meses que el Ministerio no cumplía con sus funciones y citó: garantizar la sanidad vegetal y animal, la seguridad alimentaria y el fomento de las exportaciones. Llegó más lejos: dijo que si el gobierno cerraba el Ministerio no pasaba nada con la producción agropecuaria del país.
Señaló que debe haber un profesional agropecuario por cada funcionario administrativo y que en Agricultura se invierte la proporción puesto que de 8 mil empleados solo 3 mil son profesionales agropecuarios.
Eso no fue todo, criticó el dispendio que existía en la entidad e informó que con la cancelación de 9 de los 11 “asesores” se produjo un considerable ahorro, así como con la cancelación de los llamados directores interregionales, cuyas “botellas” salarios pasaban de 50 mil pesos mensuales.
Dispuso el control de las asignaciones de combustibles “para personas que sólo circulan en la capital”, que oscilaban eran de entre 35 y 40 mil pesos mensuales.
Y como postre, informó que los permisos de importación de alimentos han sido controlados y anunció que el denunciado Ministro Administrativo de la Presidencia, renuncio de la condición de miembro de la comisión que regula las importaciones.
Esta escoba nueva, barre bien. Démosle tiempo al tiempo.