Esfuerzos éticos de un Gobierno populista

10_02_2018 10_02_2018 areito Areíto2

Algunas iniciativas para transparentar la administración pública se remontan a la gestión del Dr. Leonel Fernández , creando en 1997 del Departamento de Prevención de la Corrupción, que inicia con un programa para la transparencia en la administración pública, dirigido por el Dr. Justo Pedro Castellano, quien renuncia en momentos en que la corrupción daba señales de lo que sería.
Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley de Función Pública; la Ley de Contraloría; la Ley de la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, la Ley de Libre Acceso a la Información, inspirada en la ley mexicana, estableciéndose mediante decreto oficina de acceso a la información en todas las dependencias estatales, bajo la rectoría de la Dirección General de Ética, la Dirección General de Prevención a la Corrupción y por último la Ley Contra el Lavado de Activos, que los especialistas consideran marcará un antes y un después.
Es bajo estas administraciones del PLD que se instituye el Código de Ética del Servidor Público, la creación de Comisiones de Ética Pública, la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, la reforma y modernización de la Justicia, y la elaboración del nuevo Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal.
La ética se escribe, se reescribe, se “debate” con especialistas internacionales. Mientras el presidente Danilo Medina dice: “Todo aquel funcionario que sea involucrado en actos de corrupción será llevado a la Justicia”.
Sin embargo, todas esas iniciativas para sembrar el país de una conducta ética, no han dando resultado, cada día surgen más escándalos vinculados al problema de la corrupción y mal uso de la cosa pública, surgiendo denuncias hasta en el mismo Ministerio de Administración Pública.
Pocos son los funcionarios que se advienen a cumplir con las reglas establecidas, muchos son los que nunca han entregado sus declaraciones de bienes, por lo general falseadas. Uno termina por preguntarse ¿Cómo es posible, que con tantas medidas los funcionarios sean cada vez más corruptos y, cada día se destape un escándalo que supere al otro?
Lo cierto es que la frecuencia e intensidad de los casos de megacorrupción, documentados por Participación Ciudadana, quedaron opacados por el escándalo Odebrecht, que coloca al país como actor esencial de la trama de la corrupción internacional.
Mientras la clase política se defiende: la “corrupción es percepción”, dice Reynaldo Pared Pérez y el emblemático director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, dice que “en el Gobierno sabemos que la transparencia es determinante en los ministerios”, y hasta en el partido, ya que el Comité Central sacó una resolución que pretende que “todo miembro del PLD sea expulsado, si está involucrado en caso de corrupción”.
Muchos han sido los funcionarios señalados como eventuales candidatos a ser llevados ante la Justicia, siendo cada vez más difícil sancionarlos. La Cámara de Cuentas, cuestionada, no logra escudriñar en los espacios más íntimos de las riquezas de dichos funcionarios, como demostrara Alicia Ortega en aquel reportaje, que le costó el puesto al Ing. Diandino Peña. Sin que la Dirección General de Impuestos Internos nos explique la carga impositiva del ex funcionario.
La mayoría de las acciones de sanción, aplicadas, no responden a la gravedad de los hechos. Y cuando dichos casos son llevados a la Justicia terminan siendo absueltos. Ejemplos, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quienes tras múltiples cargos salen limpios de toda culpa, legitimados por la institucionalidad, mientras se realizan infinidad de actividades en torno a la ética en la administración pública, y Díaz Rúa vuelve a la Justicia de la mano de la Odebrecht.
La lucha por el adecentamiento de las instituciones, que lleva a cabo el Gobierno, no asume como falta ética -el tráfico de influencia, abuso de poder, empleos ficticios, conflictos de intereses, privilegios de función, plagio, falsedad de roles y documentos, acoso sexual y laboral, etc. etc. – Siendo el universo de la corrupción indirecta donde realmente se ejercen intensa y masivamente todas las inconductas que socaban al Estado.
Sin lugar a dudas el PLD ha dedicado ingentes esfuerzos a la “ética y la trasparencia”, impactando la ciudadanía con novedosas iniciativas, que se diluyen en la práctica. Su último gran acierto, la Dirección de Compras y Contrataciones, con la finalidad de ordenar y adecentar el ejercicio de vender al Estado, en manos de unos pocos suplidores. La iniciativa muy celebrada por la prensa y, hasta por los enemigos del Gobierno, que han compartido la ‘felicidad’ con miles de suplidores. A pesar que dicha dirección, supuestamente, no ha podido actuar en situaciones en las cuales ha debido hacerlo, lo que evidenció el diputado Fidelio Despradel, en carta dirigida a la directora Yokasta Guzmán al decirle que “incumplió sus deberes institucionales colocándose del lado de la ilegalidad al permitir la continuidad de los contractos de Odebrecht con el Estado”.
De igual forma se han creado varias comisiones de veedurías, en diversas instituciones, “para que la trasparencia impregne los negocios entre los particulares y el Estado”, tras invitar a destacadas personalidades de la sociedad civil a conformarlas, estas han “caído en el letargo, están tiradas en el olvido administrativo, no cumplen su rol” señaló Odalis Mejía. Ver artículo 6 de mayo 2017, Hoy.
¿Qué es lo que pasa con este esfuerzo ético institucional, de crear iniciativas que no llegan a prender en el espíritu ético y moral de los funcionarios?
Cuando se observa en las instituciones, una transparencia ficticia acompañada de un discurso ético, que no se concretiza en la práctica, porque todos los instrumentos pueden ser violentados, por los que disfrutan del poder y gozan de la impunidad. Son ellos la “institución “los que realizan las políticas públicas basadas en dádivas.
Como en todo régimen populista, con las instituciones desmanteladas, las medidas para enfrentar la corrupción no pasan de ser un discurso, que tiene como objetivo acompañar el debilitamiento de la institucionalidad, generándose una “ética” perversa- administrativa- discursiva, que garantiza la usurpación, permitiendo los niveles de corrupción y reproducción de las condiciones de sujeción, que viven los pueblos en proceso de ser sometidos por el populismo.
Sencillamente, es un estilo de gobernar, que se burla de la gente, utilizando la ética como un instrumento para la reproducción de las condiciones de dependencia y miseria humana lo que permite mantenerse en el poder.


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