El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer el real decreto de ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes paguen este impuesto en las hipotecas, cuyo pago no podrán deducirse.
El Consejo de Ministros, cuya reunión se ha adelantado un día al ser mañana festivo en Madrid, ha dado luz verde al Real Decreto Ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sean los bancos y no los clientes quienes asuman este tributo, después de que el Tribunal Supremo fallara que sean los clientes quienes asuman este gasto.
«La compra de una vivienda debe contar con total seguridad jurídica», dijo la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, tras la reunión semanal del gabinete de Pedro Sánchez.
«Esta medida se adopta para expresar con toda contundencia y claridad que el impuesto lo paga la banca», añadió.
El real decreto ley (RD) contempla también que las entidades financieras no puedan deducirse el tributo que a partir de ahora tendrán que asumir.
Sobre el tema, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, al ser preguntada sobre sus efectos en la competitividad de los bancos españoles, dijo que «va a haber diferencias» en la carga que deben asumir las entidades nacionales respecto a su competencia en el continente.
Señaló que este tributo no existe en muchos países de la Unión, mientras en otros recae sobre el cliente, y no la entidad financiera. «Va a haber una reacción en el coste», aseveraba, aunque matizando que los efectos dependerán finalmente de la parte que se traslade a los clientes en las hipotecas.