Juntamente con la histórica frase “la corrupción se detiene a la puerta de mi despacho” el extinto presidente Joaquín Balaguer acuñó la palabra “indelicadezas” para referirse a los “descarados” actos de corrupción de algunos de sus colaboradores, a los que, hasta donde yo sepa, nunca envió a los tribunales, sino que los trasladaba o intercambiaba de posiciones y, en el más extremo de los casos, los cancelaba como castigo simbólico.

Latinoamérica registra una larga lista de ex mandatarios arrestados, enjuiciados y/o encarcelados por corrupción. Algunos ejemplos: Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa en Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón en Costa Rica; Arnoldo Alemán en Nicaragua; Alfonso Portillo en Guatemala (actualmente preso en Estados Unidos por lavado de 70 millones de dólares); Carlos Andrés Pérez (fallecido) en Venezuela y otros que han escapado de la justicia por alianzas y subterfugios legales o políticos, asociados a la conservación de sus influencias mafiosas en los poderes de sus respectivos países.

La reciente historia de nuestro país recoge el caso del presidente Salvador Jorge Blanco en 1987. Pero donde hemos sido prolíficos es en los casos de ministros, legisladores, gobernadores y síndicos corruptos sin castigo y es que, con el paso de los años y las experiencias vividas en países como Perú, donde Vladimiro Montesinos, pieza clave del gobierno del difunto Alberto Fujimori, fue apresado con pruebas de transacciones en videos que él mismo había grabado, los corruptos dominicanos ya son expertos en “delicadezas” y no meten la pata tan fácilmente, no dejan cabos sueltos, encubren legal o administrativamente sus actos, actuando sigilosamente, sin testigos, burlándose del pueblo y de nuestra raquítica justicia.