La nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo permitirá una disminución de las operaciones de empresas offshore en el país. Sin embargo, más que la legislación se necesita el compromiso del ente regulador establecido para velar constantemente por el cumplimiento de la normativa.
Así lo expresó la presidenta de BST Global Consulting Panamá, Claudia Álvarez Troncoso, al recordar las repercusiones de los “Panama Papers” (en español papeles de Panamá, caso ventilado por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2.6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
Álvarez Troncoso explicó que la Ley 155-17 incluye a los abogados como sujetos obligados, lo que le da la obligación de conocer los temas sobre prevención de lavado de activos, implementar un programa de cumplimiento y trabajar bajo un código de ética además del que ya tiene la carrera, además de conocer más a fondo quiénes son sus clientes y la procedencia de sus fondos, y no poner a disposición sus conocimiento en función de algunas estructuras o transacciones de negocio mal habidas.
En tal sentido, planteó que la nueva ley es una herramienta que contribuirá a disminuir las operaciones de empresas offshore en República Dominicana, evitando así prácticas de corrupción que cuestan muchos recursos al país.
No obstante, dijo que no es suficiente con la aprobación de un marco legal, sino que también es primordial el compromiso del regulador puesto por la ley para supervisar constantemente el cumplimiento de la ley.
Indicó que el ente regulador está encabezado por la Unidad de Análisis Financiero, la cual responde al Comité Nacional de Lavado, inscrita en el Ministerio de Hacienda. Luego las superintendencias de Bancos, de Seguros, de Valores y para los sujetos no financieros la Dirección de Casinos y Juegos Ilegales, y para el resto, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Dijo que además es necesaria la capacitación y certificación de los sujetos obligados para que puedan desempeñar su rol de una mejor manera.