En el devenir histórico, diversos autores se han esforzado por conceptualizar y definir lo que implica un sistema democrático, pero una simple y rápida revisión etimológica señala el precepto de que el poder radica en el pueblo. Esto se materializa con participación y capacidad de decisión.

Pensadores como Jürgen Habermas y Norberto Bobbio señalan que la participación ciudadana en los asuntos públicos debe ser amplía porque les atañen a los ciudadanos y les son vinculantes, y que las decisiones deben ser colectivas.

Bobbio añade que hay democracia donde el poder se encuentra, no en las manos de una sola persona o de pocas, sino de todas, o mejor, de la mayor parte. En este sentido, en su trabajo ¿Qué es la democracia? Giovanni Sartori advierte la falta de democracia cuando el poder es ejercido por varias élites, grupos fácticos.

Sartori enfatiza en la necesidad de que se garantice la participación popular a través de herramientas como el referéndum o plebiscito, procedimiento jurídico donde las leyes y actos del funcionariado se someten a la validación o revocación del pueblo. En República Dominicana, esa participación popular y la toma colectiva de decisiones están ausentes. Aunque un solo hombre es capaz de suplantar instituciones claves e imponer su voluntad, se parte de la asistencia a las urnas y la precaria libertad de expresión para decir que hay democracia.

Incluso, estas dos últimas condiciones deben cumplir algunos requerimientos. Bobbio indica que en el marco del juego electoral aquellos que están llamados a decidir o a elegir deben tener alternativas reales y estar en condiciones de seleccionar entre una y otra.

En nuestro país es cuestionable lo de alternativas reales dado que el sistema electoral no permite la participación equitativa de todas las organizaciones políticas, inhibiendo a las que puedan ser diferentes, y los partidos tradicionales son cada vez más parecidos.

Igual de discutibles son las condiciones en que el electorado elige ya que los gobiernos de turno y sus partidos gastan dinero público en manipularlo y persuadirlo de que sus candidatos y partidos son las mejores opciones. Por si quedan dudas, se garantizan lealtades en organismos electorales que debieran responder a la voluntad popular y que en base a amarres y prebendas son piñatas partidarias.

Las democracias modernas requieren legitimidad y representatividad. Sin embargo, legisladores y funcionarios públicos llegan al poder y no representan al pueblo, sino a ellos mismos, a sus intereses e incluso hasta a su partido, que colocan por encima del pueblo y los comités políticos deciden por la ciudadanía.

Ante estas realidades debemos asumir la continuación de la lucha por un país verdaderamente democrático.