El Estado dominicano se querelló disciplinariamente contra tres jueces de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Juan por alegada parcialidad, al condenar a Edesur a pagar alrededor de RD$100 millones, más intereses, a 37 parceleros.
La querella contra los magistrados Milton Castillo, Ernesto Ramírez Méndez y Loyda de la Rosa Beltré, fue depositada ayer en la Inspectoría del Poder judicial, por el abogado Julio Cury.
El jurista explicó que el grupo demandó en daños y perjuicios al Estado y a Edesur, alegando que le habían colocado líneas de transmisión eléctricas dentro de sus propiedades, localizadas en San Juan y Elías Piña.
El Tribunal de Primera Instancia del municipio cabecera los favoreció con una sentencia mediante la cual ordenó a la parte demandada pagarle RD$2.5 millones a cada uno de los demandantes, más un interés mensual.
El Estado apeló dicha sentencia, alegando entre otras cosas, que en virtud de lo que establece la ley, los terrenos que no están registrados son del Estado dominicano, y el único documento que prueba el derecho de propiedad es el certificado de títulos.
Dijo que los jueces Castillo, Ramírez Méndez y De la Rosa Beltré, amparándose en una declaración testimonial y documentos “apócrifos” de un agrimensor sin exequátur ni matrícula del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), en el que acreditó como propietarios de terrenos del Estado al grupo de personas desprovistas de títulos, confirmó la sentencia de primera instancia.

Cury afirmó que las sentencias “tipo formulario” dictadas por esos jueces se separan absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional, “que ha tasado como camisa de fuerza al certificado de título como documento legal que acredita la titularidad del derecho registral”.
Agregó que desde cualquier interpretación razonable del derecho, acreditar como propietarios de terrenos del Estado a personas desprovistas de certificados de títulos resulta inadmisible, además de que han causado un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa del Estado dominicano.
“Se trata de desviaciones gravísimas de modalidad presumiblemente dolosa, pues la falta de lógica, razonabilidad y legalidad de sus sentencias, que se revelan a ojos de cualquiera como un acto de mero voluntarismo, es tan flagrante como absoluta”, afirmó.
Dijo que de ahí la decisión de querellarse contra los tres, por “defecto de diligencia, de ponderación, de equilibrio; superficialidad macroscópica y torpeza inexcusable”.