Solo el 21% de las comunidades con viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, en septiembre del año pasado, recibió algún tipo de apoyo a la recuperación post desastre por parte del Estado.
Así está contenida en el informe de una auditoría social presentada por las organizaciones Ciudad Alternativa, Casa Ya, Foro Ciudadano y Foro de Gestión de Riesgo de Desastres, en base a las cuatro provincias que fueron más afectadas por los fenómenos citados.
En el informe que evalúa los resultados de las políticas post desastre en materia de vivienda tras el paso de los fenómenos, aporta insumos clave para demandar del Estado una respuesta ante desastres que sea eficiente y que restituya los derechos de las personas.
El estudio “Auditoría social a los procesos de recuperación por parte del Estado dominicano en el sector vivienda para las personas en situación de mayor vulnerabilidad afectadas por los huracanes Irma y María” se realizó en las provincias Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte Cristi, zonas donde los huracanes Irma (categoría 5) y María (categoría 3) tuvieron mayor impacto, llegando a causar el desplazamiento de 50,000 personas y 10,000 viviendas fueron afectadas.
Afirma que las políticas de respuesta por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), el Plan Social de la Presidencia, entre otras instancias, se limitaron principalmente a la entrega de materiales, como zinc y clavos, el pintado o el acondicionamiento exterior.
“Acciones que representan una respuesta parcial en la restitución del derecho a la vivienda y que tampoco van encaminadas a la reducción de riesgo de desastres”, precisan las organizaciones en rueda de prensa efectuada en Ciudad Alternativa.
En el desagregado por provincias, el informe muestra que en María Trinidad Sánchez solo el 30% de las comunidades que tuvieron viviendas parcial o completamente destruidas recibieron alguna acción para su recuperación, en Monte Cristi fue el 52%, en Samaná el 48% y en Duarte el 34%.
Además, los hallazgos también revelan disparidad en el nivel de respuesta, porque, por ejemplo, las comunidades de Los Guayabitos y Monte Llanos (María Trinidad Sánchez), después de 6 meses de la ocurrencia del fenómeno aún seguían prácticamente incomunicadas.
Asimismo, en la comunidad de Loma Atravesada (Samaná) concentró la mayoría de la ayuda porque recibió la visita del Presidente de la República y tuvo seguimiento hasta una semana después del evento.
Las cuatro entidades que patrocinaron el estudio recomiendan y solicitan al Gobierno dominicano que asuma, en base a sus compromisos internacionales (Marco de Acción de Sendai) y nacionales (Estrategia Nacional de Desarrollo), las reducciones de riesgo de desastres y del déficit habitacional como una de sus prioridades.