Nadie o muy pocos discuten la afirmación de que el maestro-a sea una pieza fundamental para poder concretar la tan deseada calidad de la educación. Por su parte, los maestros han demandado mejores condiciones de vida como una condición para poder ofertar la calidad educativa que se espera de ellos y ellas. El país ha venido haciendo esfuerzos importantes a este respecto y en un período de tiempo relativamente breve la remuneración, por lo menos en el caso de la educación pública, ha mejorado considerablemente, lo que debe permitir a los docentes una mejoría sustancial de sus condiciones de vida. Ahora bien, además de ser una cuestión de justicia, esta mejoría se espera tenga un impacto en la calidad de la educación. Es decir, se espera que los docentes concreticen su derecho a “estar mejor”, a una vida digna. Pero, se espera que el “estar mejor” incentive y propicie en los docentes su compromiso de “ser mejores” en su práctica educativa pues en ello descansa el futuro de las generaciones por venir y con ellas el mañana del país.

Cuando hablamos de sociedad del conocimiento y se hace cada vez más evidente la expansión de esta en el presente vía la indetenible cuarta revolución industrial y sus consecuencias para el desarrollo social y la vida en su conjunto, los docentes deben ser conscientes de que lo que se espera de ellos es justamente su aporte a formar nuestros jóvenes para que puedan insertarse en ella de manera productiva y humanamente satisfactoria. Es que solo la educación puede propiciar que esto ocurra pues de lo que se trata es de una sociedad del conocimiento en expansión constante y cambiante que demanda adaptación y capacidad creadora de parte de las personas que la conforman. Se espera que la escuela sea el espacio social en el cual se pueden crear y reproducir estas capacidades que permitan una inserción exitosa en ese mundo nuevo.

En consecuencia la sociedad espera que esa lucha legítima de los docentes por el reconocimiento social que se expresa en un adecentamiento de sus condiciones de vida, es decir, en un “estar mejor” tiene como objetivo último, como legitimización o validación social el cumplimiento con las expectativas esperadas de parte de la sociedad con respecto a los docentes y se resume en la esperanza de que “sean mejores”, y que al serlo garanticen esa educación de calidad creciente que solo es posible con la entrega responsable a la labor. Con la responsabilidad y el entusiasmo que suelen ser fruto de la conciencia del deber que siempre obliga a crecer para que el servicio realmente sirva.

Se trata pues, repito, de “estar mejor” para “ser mejores”. Solo el ser mejores legitima el esfuerzo social por propiciar el derecho a estar mejor. Estar mejor sin ser mejores es una irresponsabilidad para con una sociedad que, desde sus carencias, hace un sacrificio enorme y apuesta desde él por el camino de la formación de sus capacidades humanas como vía de superación y construcción de relaciones sociales decentes. Así pues, la responsabilidad de los docentes es enorme, pero la confianza que se deposita en ellos y ellas no debe asustar sino animar al compromiso y al esfuerzo constante. De esta manera, la reivindicación del derecho a la vida digna y la exigencia consecuente para concretarlo será apoyado por la sociedad que verá que efectivamente el gasto en educación, que incluye centralmente el pago decente a los docentes para que vivan dignamente, puede y debe ser considerado como la mejor de las inversiones: que estén mejor para servir con mayores niveles de calidad.