En un acto donde en la audacia se mezcla con la chapucería, algo consustancial al danilopeledeísmo, el Procurador General de la República informó sobre la orden de arresto de catorce personas acusadas de ser favorecidas por los sobornos de Odebrecht. El acto, a pesar del desprecio a elementales sentido del debido procedimiento y hasta de justicia, tiene una enorme trascendencia porque marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción e impunidad en que discurren los sistemas político y judicial del país; y porque la razón principal para que ese procurador ordenase el apresamiento de políticos de altísimo calibre, ha sido la determinante acción en las calles de una pluralidad de actores político/ sociales y por la presión internacional.
La acción del Procurador, vale decir, del gobierno del presidente Medina, es sólo el inicio de una nueva fase del movimiento de protestas que tiene como punto más visible las Marchas Verdes que han jalonado el proceso político dominicano en los últimos cinco meses. Un récord. Ello así, porque con el referido acto se ha pretendido escoger algunas figuras para sacrificarlas y para proteger a los más connotados implicados en las acciones de corrupción y sobornos propiciada por la empresa arriba mencionada. En tal sentido, nadie en su sano juicio puede aceptar como justicia que no figuren en la lista de implicados del Procurador, los senadores Reynaldo Pared y Cristina Lizardo, en cuyas presidencias del Senado aprobaron 28 contratos del Estado con Odebrecht, cuyo monto constituye el 91% del valor de las obras construidas.
De los 14 implicados, seis están relacionados con dos obras cuyo monto constituye el 9%. Eso no significa que algunos de ellos no podrían haber cometido faltas graves, pero lo que es inexplicable para cualquier observador nacional o extranjero es que además de los dos senadores arriba mencionados, además del gerente del proyecto Punta Catalina, el ministro de Obras Públicas y el presidente Medina, principal beneficiario en el país de parte de los recursos destinados por Odebrecht para financiar campañas electorales, no solo no están en esa lista sino que no han sido investigados por sobornos, como tampoco otros nombres que surgirán durante el proceso a los implicados.
Posiblemente con algunos de los apresados o por apresar se haya llegado a un acuerdo, pero las declaraciones de algunos de ellos antes y después de sus apresamientos evidencian que con ellos no hubo acuerdo, por la cual podrían mencionar otros nombres, haciendo insostenible la acción del gobierno. Lo que sí queda claro es que de la misma salen irremediablemente afectados los partidos y los dirigentes políticos justa o injustamente implicados. Un partido con cuatro miembros de su comité político, además de su secretario de finanzas y otro con su presidente y su vocero de sus diputados presos en esa circunstancia, marca un antes y un después para estas colectividades y para el entramado de corrupción e impunidad en que ha discurrido el sistema político dominicano.
Es solo el inicio de un proceso de cambios en el país, visibilizado con la Marcha Verde de enero 22 y que seguirá con más fuerza el 11 de junio en Macorís del mar.