Hasta 2007 lo que hubo fue un asalto al registro civil”, dijo ayer el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario. Rosario se expresó en esos términos al recibir a un grupo de abogados que le solicitaron al organismo que preside expedientes sobre supuestas vulneraciones a libros de actas del Estado civil cometidas por funcionarios, empleados, particulares o instituciones.

El propósito del grupo, según explicaron, es someter por ante el Ministerio Público a los responsables. Rosario declaró que la situación de “irregularidad” se debió a que el registro civil “era nominalmente público, pero funcionalmente privado” y que en esa condición, “actuaron las oficialías como pequeñas empresas al servicio de intereses privados”.

El funcionario consideró que esos “actos irregulares” se debieron a que “no había una supervisión del Estado”. Sin embargo, aclaró que esas “acciones iregulares” no son actos del Estado, “ya que los actos irregulares nunca son actos del Estado, los actos del Estado son los actos regulares”, por lo que manifestó que “toda la cosa irregular que ocurrió debe ser resuelta”.

Justificó la petición del grupo de abogados a demandar la información a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y consideró que el pueblo debería apoyar de igual manera a la JCE porque “lo que hoy se está discutiendo es la identidad nacional y el pueblo entero puede acompañarnos para ver si estamos actuando bien o mal, no tengo ningún temor”, dijo el funcionario.