El presidente Hipólito Mejía ha planteado la posibilidad de dejarle al Gobierno entrante la tarea de discutir con el sector empresarial una nueva propuesta de reforma fiscal que es uno de los componentes medulares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es bueno señalar que el acuerdo con el FMI está trabado, entre otras cosas, porque no se vislumbra el cumplimiento del requisito de someter al Congreso un proyecto de reforma fiscal, la cual tendría la finalidad de generar, vía nuevos impuestos y expansión de otros, los ingresos necesarios para conjurar en parte los efectos de la indisciplina fiscal oficial.

Es decir, que si se dejara la reforma fiscal pendiente para que el Gobierno entrante empezara a «consensuarla» con el empresariado a partir del 16 de agosto, el acuerdo con el FMI, o continuaría suspendido hasta que se lograra la reforma, o sencillamente quedaría sin efecto y habría que hacer nuevas negociaciones con dicho organismo multinacional.

Esto significaría el agravamiento de los problemas económicos y financieros del país, pues los principales indicadores económicos, como inflación, cotización del dólar, índices de precios y otros, continuarían empeorando y agrandando el déficit fiscal.

En la segunda supervisión del FMI para verificar el cumplimiento del acuerdo con la República Dominicana fueron detectados incumplimientos cometidos por el Gobierno, entre los cuales está el retraso en la elaboración de la reforma fiscal.

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La pregunta obligada es: )Por qué el Gobierno ha decidido paralizar la reforma fiscal y, por consecuencia, la continuación del acuerdo con el FMI?

La pregunta no es ociosa ni capciosa, y tiene su asidero en el hecho de que jamás se planteó, durante la campaña por la reelección, la posibilidad de detener la aplicación del acuerdo con el FMI, vale decir, de bloquear el restablecimiento de la disciplina, de la estabilidad económica.

La posibilidad de dejarle al Gobierno entrante la reforma fiscal y la renegociación con el FMI, y de paso el agravamiento de la situación del país, podría dar lugar a erradas interpretaciones, cuando se presume que es la buena fe la que impera durante el largo período de transición.

El Presidente Mejía y su equipo económico, deben comprender, sin embargo, que una postergación de estas medidas disciplinarias sería fatal para la economía del país en general, no del Partido de la Liberación Dominicana ni del presidente electo, Leonel Fernández en particular.

De manera pues que, al considerar posibilidades en relación con la reforma fiscal y la continuidad del acuerdo con el FMI se debe anteponer, en todo momento, la salud económica del país. La interrupción de estos procesos disciplinarios, sin causas técnicas justificables, repetimos, podrían despertar suspicacias que en nada beneficiarían a una nación que necesita el esfuerzo conjunto de todos sus hijos para salir de la crisis económica que la acogota.