¿Es conveniente el establecimiento de la cadena perpetua en la legislación penal dominicana?.

Este tema, controversial sin duda alguna, ha sido objeto de discusión pública en los últimos días.

Representantes de la sociedad dominicana, incluyendo religiosos, abogados y funcionarios, han externado sus opiniones con entera libertad.

Quienes favorecen el establecimiento de la rígida condena consideran que es necesario sancionar, ejemplarmente, a quienes cometen crímenes que consternan a la sociedad.

Creemos, sin embargo, que más importante que establecer esa cadena perpetua en la legislación dominicana es la tecnificación de la Policía Nacional y la consolidación de un Poder Judicial responsable en todos los órdenes. La Policía necesita el reforzamiento de sus filas para que pueda cubrir, con efectividad, todo el territorio nacional, dando la protección al ciudadano que paga, con sus impuestos, el aparato represivo del Estado. E importa, asimismo, lograr la formación de cuerpos de los cuales no salgan, como ocurre hoy, delincuentes de los cuales tengamos que avergonzarnos. Que observe el ciudadano que es muy frecuente que en la comisión de delitos, aparece, entre los autores, un policía o un expolicía, un militar o un exmilitar.

Vale destacar, asimismo, la falta de institucionalidad que puede afectar en partes, al Poder Judicial, lacra que reconoce hasta la propia Suprema Corte de Justicia. Más que un reforzamiento de las penas, cuanto se debe exigir es que las existente se apliquen sin lenidad alguna. Sin posibilidad para que el condenado obtenga libertad bajo palabra o indulto.

Por esos motivos, entendemos que el establecimiento de la cadena perpetua no es la solución al vandalismo que afecta a la sociedad dominicana de hoy. Más importante es, repetimos, que las penas establecidas por la ley se cumplan con toda rigurosidad y que cuantos gravitan sobre el destino de este país se aboquen a estudiar las causas que pueden generar el vandalismo citado y a tomar las medidas que pueden ir normalizando la vida nacional.

Improcedente

El hecho de que la jefatura de la Policía no revele todos los crímenes y actos de delincuencia que se cometen en el país se inscribe, de principio, en violación del derecho a la información que tienen los ciudadanos de este país.

Esta práctica de ocultamiento a que se ha referido el jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez, conduce, por demás, a desactivar el alerta de los ciudadanos ante el inocultable auge de una criminalidad que no ahorra crueldad a la hora de arrebatar vidas útiles en medio de actos de la más vulgar ratería.

Nuestra realidad social en estos tiempos es que se están cometiendo crímenes horrendos y eso no puede ni debe ser ocultado, ni siquiera bajo el argumento de que no se quiere causar alarma.

Se reconoce que la Policía Nacional pone su mayor empeño para enfrentar los actos reñidos con la ley y que ha obtenido notables resultados en esos esfuerzos, dando muestra de que es capaz, aunque insuficiente en términos de recursos humanos y técnicos. Pero el ocultamiento de crímenes y delitos no aporta soluciones al mal social que nos está afectando y, en cambio, se revela como una denegación del derecho de información y un inductor a la desactivación del alerta y la precaución.

Es improcedente callar la verdad cuando están en juego, como están en estos tiempos, la paz social y la seguridad ciudadana.