RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
El gobierno superó con creces el cumplimiento de los criterios cuantitativos de desempeño y las metas indicativas cortadas al mes de marzo y también cumplió con una serie de acciones relacionadas con las reformas estructurales en el área fiscal, la financiera y la eléctrica, quedando para la revisión de junio otra serie de acciones contempladas en el acuerdo stand-by con el FMI.

Tras dos fracasos consecutivos del pasado gobierno que dieron al traste con el acuerdo Stand-By, la presente administración gracias a una estricta disciplina fiscal y monetaria ha logrado superar con suficiente holgura los cinco criterios cuantitativos de desempeño y las dos metas indicativas, pero también, salvo pequeños retrasos, ha cumplido con el calendario de acciones enmarcados en las reformas estructurales.

En el área fiscal, aunque con un mes de retraso, el Senado aprobó la ley que facilita la renegociación de los bonos soberanos y se espera que en este mes de abril sea convertida en ley la extensión de los vencimientos para los bonos internos. Reposan en el Congreso varios proyectos relativos a reformar las actuales practicas de presupuesto, compras gubernamentales, tesorería, deuda publica y sistema de gestión financiera. Pendientes de los compromisos a marzo quedan la presentación al Congreso por parte del gobierno central de un proyecto dirigido a eliminar los regimenes tributarios especiales al turismo y zonas fronterizas, un proyecto que convierte el fraude y la evasión fiscal en delitos criminales, así como los detalles de un paquete de reforma tributaria.

En termino de la reforma al sector financiero, la Junta Monetaria aprobó en el mes de marzo, cumpliendo con los requisitos del FMI, los reglamentos de liquidez, riesgo de mercado, contabilidad consolidada y sometió a la discusión de los interesados el reglamento de supervisión consolidada para ser aprobado en este mes de abril siempre dentro del cronograma de acciones del FMI. Para este mes de abril los bancos múltiples subcapitalizados deberán presentar sus estados financieros con un índice de solvencia mínima de 10%, los cuales deberán estar avalados por una empresa auditora de renombre internacional y también, de acuerdo a una resolución de diciembre de la JM, por el socio internacional de un país de grado de inversión. Para mayo todos los bancos deberán presentar planes de negocios a cinco años y en el caso de los bancos públicos el gobierno deberá someter en abril un proyecto de ley dirigido a que estos cumplan los mismos requisitos regulatorios y de capital que los privados.

En el mismo orden bancario, la Superintendencia de Bancos deberá iniciar en este mes de abril la aplicación de la nueva ley de resolución bancaria bajo riesgo sistémico y en junio actualizar el catalogo de cuentas vigentes para instituciones financieras, obedeciendo a las nuevas regulaciones y a las normas contables internacionales.

En el caso de las quiebras bancarias el Procurador General cumplió con los compromisos pautados al Ministerio Publico, designando al Director de Depreco como fiscal especial para conducir la defensa de los intereses del estado y publicó en marzo en la pagina web de la Procuraduría, como establece el Memorando de Políticas Económicas del acuerdo con el FMI, el primer informe sobre el «progreso logrado en los casos judiciales civiles y criminales contra la gerencia y directores de los bancos quebrados». También las autoridades monetarias cumplieron, publicando el 31 de marzo el informe del panel independiente de expertos externos sobre el origen y manejo de la crisis bancaria. La única acción pendiente es la conclusión de las evaluaciones con el concurso de asesores externos sobre las facilidades de liquidez otorgadas por el Banco Central a los tres bancos y verificar si procedía la devolución de todos los depósitos off-shores.

La venta de activos de los bancos quebrados y del propio Banco Central, para reducir el déficit cuasi-fiscal, se encuentra en cumplimiento del calendario pues en febrero, como establece la carta de intención, la JM designó el personal y se aprobó la nueva estructura organizacional(Comité de Políticas Para la Realización de Activos) quedando pendiente completar el inventario de los bienes y el traspaso definitivo a la nueva entidad, que a su vez gracias a precalificaciones ya realizadas someterá a licitación a las empresas administradoras de fondos de inversión y titularizadoras para que asuman unas los paquetes de activos y otras las carteras de crédito de los bancos quebrados.

En el caso del sector eléctrico , aparte de mejorar gradualmente el índice de recuperación, como efectivamente lo ha logrado de forma sostenida Edesur, queda pendiente del mes de marzo promulgar regulaciones para «facilitar y agilizar la detección y reducción de fraudes».

A diferencia del gobierno pasado que fue incapaz de cumplir con los topes y metas en las dos revisiones del programa, provocando con ello la ruptura del acuerdo con el FMI, el descrédito del país y la perdida de clasificación en los mercados financieros, este gobierno ha cumplido con creces los requerimientos de esta primera revisión de marzo, mereciendo por ello el amplio reconocimiento de los organismos multilaterales y el aumento en los niveles de confianza por parte de los agentes económicos.