Dejémonos de culpar a los europeos, Estados Unidos y al propio Haití, por nuestros actuales problemas resultantes de la presencia de más de medio millón de haitianos en nuestro país. La culpa es nuestra.

Cuando en 1933 el pueblo cubano decidió embarcar a todos los cortadores de caña jamaiquinos y haitianos para que desde entonces tan sólo cubanos, blancos, mulatos y negros, cortasen su caña, no hicimos lo mismo. Cuando la gran mayoría de los ingenios se convirtieron en 1961 en “empresas del pueblo”, al ser estatizados, se siguió con la práctica de sobornar a las autoridades y a los militares haitianos para continuar trayendo a los cortadores, siendo nuestras Fuerzas Armadas partícipes en el gran negocio. En 1966 Balaguer encargó del asunto a Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo.

Aunque los acuerdos con Haití obligaban al CEA a devolver a los cortadores una vez terminase la zafra, para ahorrar dinero el CEA dejaba a muchos de ellos en los bateyes, donde tuvieron descendientes, personas hoy culturalmente dominicanas, razón por la cual no se les debe negar la ciudadanía, por lo menos a los nacidos antes del 2005.

En aquella época era casi imposible a los haitianos poder salir de los bateyes para registrar el nacimiento de sus hijos en una comunidad cercana ante la Oficialía del Estado Civil. La Junta Central Electoral ha sido particularmente restrictiva en dotar de cédulas a esos descendientes aunque desde hace años tienen los datos sobre quiénes son y a cuánto ascienden.

En 1990 en una conferencia que dicté ante ANJE con la presencia tanto de Juan Bosch como de José Francisco Peña Gómez, dije lo siguiente: “Yo considero que a la República Dominicana no le conviene la presencia de esa mano de obra y que, con la ayuda de organismos de Naciones Unidas, se debería promover una repatriación pacífica y civilizada de los haitianos que estén ilegalmente en mi país. Mis argumentos se basan en razones puramente políticas, económicas y morales y no reflejan los prejuicios de tipo racial y social de nuestras generaciones pasadas.

Desde el punto de vista político, la presencia de la mano de obra haitiana promueve el anti-haitianismo dominicano, lo que no conviene, ni a los dominicanos, ni a los haitianos. También, desde el punto vista político, la dependencia de economía dominicana en la mano de obra haitiana implica una debilidad para la política externa dominicana frente Haití… Desde el punto de vista económico, la presencia haitiana retrasa la transformación de la economía, mantiene esquemas de producción que deberían ir siendo sustituidos más rápidamente y detiene el crecimiento los salarios reales”. Como los sindicatos son muy débiles entre nosotros y los empresarios muy poderosos, no se me hizo ningún caso.

En agosto del 2004, después de casi dos años de discusiones, el Congreso Nacional, controlado entonces por el PRD, después de muchas modificaciones negativas aprobó una Ley de Migración que obligaba al nuevo Gobierno de Fernández a pasar su reglamento a más tardar en febrero del 2005. Fernández tardó seis años y nueve meses en decretar ese reglamento, pues no existía voluntad política para enfrentar el asunto.

Tanto el Gobierno de Fernández como el de Medina han entregado la Dirección de Migración a la Fuerza Nacional Progresista, partido anti-migración. Irónicamente, ha sido durante su gestión cuando más haitianos han venido a vivir al país.

Los militares dominicanos, de forma descarada, exigen dinero a los haitianos para no deportarlos o para dejarlos entrar. Su “peaje” es visible en las fincas de guineo y los pueblos fronterizos. En vez de ayudar a resolver el asunto, nuestros militares se lucran.

No conozco de ningún caso en que un patrón haya sido sometido a la justicia por violar la ley al emplear haitianos indocumentados, cuando esa es la forma más efectiva de reducir la inmigración ilegal. Nuestros cónsules en Haití para enriquecerse otorgan más visas a haitianos que lo que le es permitido por nuestra Cancillería.

Nuestros periódicos que publican en papel, no los electrónicos, no han publicado en los últimos meses las críticas que se han hecho en el extranjero a la sentencia del Tribunal Constitucional, las que se han limitado casi exclusivamente al tema de la retroactividad y del derecho a la ciudadanía de los hijos de haitianos nacidos en el país, lo que ha permitido que los falsos nacionalistas divulguen erróneas informaciones sobre las mismas.

En fin, que nosotros somos los culpables y también seremos culpables de una futura sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a esos derechos.