MOSCU.- En papel, Rusia tiene un sistema judicial discutiblemente tan libre y justo como los de Europa o Estados Unidos. Por supuesto, lo mismo se decía de la Unión Soviética. Incluso Stanlin buscó dar a sus purgas paranoicas el sello del debido proceso.

Pero la ley es más de lo que aparece en papel. También es un conjunto de prácticas y actitudes que revelan cómo una sociedad equilibra justicia, imparcialidad y autoridad. Y en las últimas semanas, varios casos judiciales han sembrado nuevas dudas sobre si los conceptos escritos de justicia de Rusia, en la práctica, han echado raíces en un marco legal aún osificado por las actitudes y prácticas remanentes de los tiempos soviéticos.

Hace apenas dos años Rusia adoptó un nuevo código criminal, partes del cual fueron escritas por el Presidente Vladimir V. Putin, abogado por educación. Introdujo fundamentos legales como los derechos de habeas corpus y juicio por un jurado, y la garantía contra un doble riesgo. Inherente en él, sin embargo, está la primacía de la ley sobre el estado. Ha estado surgiendo abundante evidencia últimamente de que en la Rusia de hoy el estado no está aún dispuesto a ceder control.

Cuando los jurados empezaron a absolver a algunos acusados -la tasa fue de apenas 14 por ciento el año pasado, pero eso fue aún así un gran salto respecto de casi cero en los casos que habían sido decididos por jueces- los fiscales simplemente empezaron a apelar las absoluciones y a ganar. La Suprema Corte ha estado rechazando la mitad de las absoluciones de los jurados que atiende en apelación, dicen abogados. El caso más reciente fue el de Valentin V. Danilov, un físico acusado de espionaje para vender información que no estaba clasificada como secreta. Se le ordenó someterse a un nuevo juicio, después de que un jurado lo absolvió. Demasiado para prohibir el doble riesgo.

Sergei Y. Vitsin, profesor de derecho y vicepresidente del comité asesor de Putin sobre el sistema judicial, dijo que la justicia rusa ha hecho un progreso enorme al enmendar sus leyes de la era soviética, pero sigue luchando por superar actitudes profundamente arraigadas en todos los niveles de una sociedad que espera que la ley esté subordinada a la política.

«Se pueden adoptar nuevas leyes», dijo. «Se pueden construir nuevos tribunales. Se puede adoptar una legislación que cambie el estatus de los jueces. Pero es imposible cambiar lo que ha sido llamado aquí y en otros países conciencia legal. Bueno, quizá pueda hacerse, pero sólo gradualmente, no rápidamente».

Vitsin ha trabajado en la reforma judicial casi desde la desintegración de la Unión Soviética. Describió el proceso como en evolución, alternando entre periodos de progreso y reversión, y expresó desilusión de que la prometida revolución judicial no se haya materializado todavía. «Es triste admitirlo», dijo, «pero en ocasiones no comprendemos cuán profundamente nos afecta el pasado».

El caso de Yukos Oil y su fundador, Mikhail B. Khodorkovsky, cuyo juicio empezó la semana pasada, ha sido un caso de estudio en la relación de ley y política.

Khodorkovsky es el hombre más rico de Rusia, y Putin ha llegado a considerarlo a él y a otros oligarcas como una especie de peligro, un poder potencialmente independiente que necesita controlar. Hace un año, Khodorkovsky fue acusado de fraude y evasión fiscal. Quizá sea culpable o no, pero virtualmente nadie en Rusia cree que tenga alguna oportunidad de un juicio justo en base a los méritos. Como resultado, sus abogados han argumentado gran parte de su caso en el tribunal de la opinión pública, especialmente la de Occidente. Es afortunado en ese aspecto. Puede permitirse un equipo multinacional de abogados que ventile cada paso en un procedimiento judicial que denuncian como un juicio político.

El juicio de Khodorkovsky no fue el único procedimiento sensacional que abrió la semana pasada con signos abiertos de influencia política y volúmenes de «evidencia» con relevancia legal discutible. En otro tribunal en Moscú, menos observado de cerca por los medios internacionales, dos directores de museo y un artista fueron llevados a juicio acusados de incitar al odio étnico «conspirando» para organizar una exhibición de arte.

Las acusaciones fueron presentadas después de que la Iglesia Ortodoxa Rusa criticó la exhibición, montada en el Museo Sakharov, como antireligiosa. (En realidad, el título de la muestra era «íCuidado! Religión».) El parlamento luego aprobó una resolución demandando el encausamiento. Los testigos incluían a seis hombres que destruteron muchas de las obras de arte cuatro días después de que la exhibición fue inaugurada en enero del 2003 (y posteriormente se les retiraron los cargos criminales originados en los actos vandálicos).

Un abogado, Yuri M. Schmidt, protestó en el tribunal el 15 de junio que la investigación hubiera sido tan desordenada, el encausamiento tan vago, que era imposible incluso montar una defensa. Los cargos no especificaron cuál de las obras había incitado al odio y contra quién, dijo. Añadió que en la era soviética, los fiscales al menos sabían cómo crear un caso contra los desertores, citando el famoso juicio de 1965 de los escritores y satíricos Yuli M. Daniel y Andrei D. Sinyavsky.

«Se declaró claramente qué obras, qué líneas de esas obras, eran acusadas de tener contenido antisoviético», dijo Schmidt del caso de la era soviética.

Al día siguiente, la juez pareció estar de acuerdo en que el caso era débil. Pero en vez de desechar los cargos directamente, dio a los fiscales más tiempo para refinar los cargos, otra práctica a la que se suponía que las reformas legales de 2002 pondrían fin.

Aunque el nuevo código criminal tenía la intención de crear un proceso entre adversarios en el tribunal, los fiscales siguen ejerciendo tremendo control sobre los casos criminales e incluso los jueces, quienes rara vez descartan sus casos. Sin independencia judicial, los abusos de la fiscalía han proliferado, dicen. En casos menos célebres, la justicia en la práctica sigue siendo arbitraria, selectiva y, como antes, sigue sujeta a la influencia política, dicen abogados defensores y activistas de derechos humanos.

«Impunes y sin disminuir, torturas policiales, confesiones y declaraciones de culpabilidad forzadas y cargos inventados siguen abundando en toda Rusia», escribió Anna Neistat, directora de la oficina moscovita de Human Rights Watch en una declaración el 18 de junio que argumentaba que el sistema legal refleja un amplio retroceso de los derechos bajo el régimen de Putin.

Abogados defensores y otros repetidamente citan casos en los cuales los jueces recibieron lineamientos políticos antes de dictar su fallo. Esas acusaciones son difíciles de probar, pero hay ocasiones en que es evidente que las decisiones han sido elaboradas con anticipación. La Suprema Corte, por ejemplo, emitió un fallo por escrito en el caso de Danilov apenas minutos después de los argumentos en la audiencia.

En ocasiones la conducta judicial puede rayar en la tragicomedia. En una audiencia el miércoles para decidir si sostener una prohibición sobre el grupo moscovita de los Testigos de Jehovah, el teléfono celular de una de los tres jueces de apelación empezó a sonar. Ella no respondió el teléfono, pero jugueteó con él por un minuto, indiferente a los argumentos que le estaban siendo presentados. Después de una sesión de cuatro horas, los jueces regresaron con su veredicto -sostener la prohibición- en cinco minutos.