A muchos parecerá necedad o  gratuito  gadejo que insista de esta manera en el  tema, pero nos guste o no ellas también serán afectadas por las medidas tomadas por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus que nos mantiene confinados entre la angustia y la incertidumbre,  pues un requisito  fundamental del trabajo sexual  que realizan es el contacto  físico, contraindicado  en una pandemia que ya se ha cobrado las vidas de casi 9 mil personas alrededor del mundo. Y aunque ni Leonel Fernández ni Luis  Abinader las incluyeron, por olvido o prejuicio, en  sus propuestas para proteger a los que se quedarán sin trabajo y los sectores que serán más golpeados por la crisis, como es el caso del  sector informal y el turismo, hay que decir que si el Covid-19 no discrimina entre un honorable y pulcro juez y una prostituta callejera no veo porqué sí tiene que hacerlo el  Estado si a ambos   los gobiernan  las mismas leyes y los amparan los mismos derechos. Por suerte tienen quien dé la cara por ellas,  la diputada del PRM Jacqueline Montero, quien ayer abogó porque el Gobierno asista con planes de salud,  alimentación y orientación a las más de 2 mil trabajadoras sexuales registradas en asociaciones, que se quedarán sin actividad económica  como consecuencia  de la “veda” que ha impuesto el Coronavirus. “Son la mayoría trabajadoras sexuales independientes, que están en las calles, en las playas, en los parques. Si no pueden salir, ¿de qué van a vivir ellas y sus hijos? Ellas trabajan hoy para comer mañana”. Lo mismo puede decirse de un chiripero, un vendedor de aguacates al pregón y un largo y variado  etcétera de  actividades que componen el trabajo informal en este país. Todos esos trabajadores y trabajadoras, sexuales o no, fueron dejados fuera de las medidas del Gobierno para mitigar los daños al aparato productivo que dejará el  covid-19, como si no tuvieran derecho a ser   amparados por el Estado en esta hora de apremio y   necesidad.