Enfermedad

Enfermedad

En su reciente recorrido por el Noroeste, el presidente Leonel Fernández manifestó que el Estado es engañado por contratistas de obras, expresión que acompañó disponiendo que varias dependencias oficiales sean más exigentes y rigurosas en la supervisión de las construcciones.

Este viejo mal, sin duda, ha obedecido a varias razones bien conocidas, entre las cuales cabe destacar, fundamentalmente, la impunidad que rodea a contratistas que obtienen obras de grado a grado y defraudan al Estado. Casos se han denunciado de obras que se han pagado si  realizarse y se ignora si alguien ha ido a juicio por ese robo.

Está, asimismo, la alegre e irresponsable supervisión por organismos del Estado. No es fácil explicarse que el gobierno pague cubicaciones de obras que no han sido debidamente supervisadas y a las cuales se les haya otorgado el visto bueno por departamentos autorizados.

Es sabido que el gobierno, en todas las épocas, ha favorecido a terceros, que no son ingenieros ni cosa que se les parezca, con el otorgamiento de jugosos contratos que entonces negocian con los contratistas logrando pingües beneficios por el solo hecho de ser favorecidos por la corrupción imperante.

Definitivamente, son muchos los factores que convergen para hacer de las obras públicas un caldo de vagabunderías, hechos que van desde el otorgamiento del funesto grado a grado hasta el recibimiento de obras llenas de vicios de construcción, vicios de los cuales, después de recibidas las obras, nadie se hace responsable.

El presidente Fernández tiene en sus manos los instrumentos para comenzar a sanear este aspecto de la vida nacional, y entre esos instrumentos se encuentra la ley, que debe aplicarse a todos por igual.

 Vandalismo

 Las invasiones de propiedades han cobrado un auge preocupante. No sólo preocupa la ocurrencia primaria, sino lo que viene después.

La ocupación furtiva de una propiedad se produce con velocidad pasmosa, pero la reacción de las autoridades es todo lo contrario.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha reclamado de los representantes del Ministerio Público una reacción inmediata ante cualquier ocupación.

Se ha dado el caso de personas cuyas propiedades han sido invadidas y han pasado verdaderas calamidades para recuperarlas, a pesar de contar con documentos que prueban la propiedad.

Otros, cuando han logrado recuperar sus predios, han tenido que pagar mejoras construidas apresuradamente por invasores que han logrado retardar el desalojo.

Francamente se requiere una atención inmediata a de las autoridades ante cualquier invasión de propiedad, pues no hay ningún derecho a que legítimos dueños tengan que esperar por la recuperación de sus bienes. Hay que detener esta tendencia que parece apuntar a la búsqueda de inmerecidas compensaciones económicas por parte de los invasores.

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