M. DARÍO CONTRERAS
Nuestro país, como una excepción dentro del abanico de los países iberoamericanos, no cuenta con políticas salariales vinculantes para el sector público. Por tal razón, al igual que lo que sucede con la creación indiscriminada de municipios y provincias, por carecer de criterios orientadores, ocurre lo mismo con la creación, por las distintas dependencias del Estado Dominicano, de sistemas salariales y de pensiones hechos a la medida, en muchos casos alejados de la realidad social y económica que vive el país.

Así vemos que algunos altos funcionarios dominicanos devengan salarios totales – salario nominal mensual, asignaciones indirectas y eventuales – hasta 90 a 100 veces el PIB per cápita para la República Dominicana. Con relación al salario mínimo establecido para el sector público, estos altos funcionarios reciben hasta 200 veces lo que representa este mínimo (RD$4,900). Además de lo que puede contabilizarse como compensaciones salariales, se encuentran el uso de vehículos, combustible, seguros en dólares, bonos por cumpleaños, pagos de colegios y universidades, préstamos blandos, bonificaciones anuales que pueden ser varias veces el salario nominal, bonos por muerte de un familiar, etc. Igual ocurre con los sistemas de pensiones, los que son festinados para «premiar» muy generosamente el paso por una función pública, aunque sea por menos de cinco años de servicio.

Los que más se aprovechan de esta situación de indefinición son las instituciones autónomas estatales y los Poderes Legislativo y Judicial. Si bien es verdad que nadie que sirva al Estado debe trabajar para empobrecerse, tampoco debe servirse con la cuchara grande como una burla a la situación de estrechez económica en que se desenvuelve el Estado Dominicano. Como punto de comparación, un estudio realizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD) en noviembre de 2004, señala que el país estudiado con mayor diferencia entre el salario total de altos funcionarios públicos y el PIB per cápita es México, con un factor de 40 veces, mientras que aquí este factor es más de dos veces que el mejicano. La Carta Iberoamericana de la Función Pública, de la cual somos signatarios, establece que «la equidad deber ser el principio rector de las estructuras retributivas, así como el atributo básico de éstas», debiendo ser esta equidad tanto hacia lo interno de la organización como hacia lo externo, es decir, que se perciban como justas por los empleados y competitivas, sin excesos, con relación al mercado.

Urge por lo afirmado abocarse a establecer criterios que permitan asegurar salarios adecuados y no exagerados o deprimidos para el sector público. Algunos países, como Brasil, para evitar estas situaciones de patente inequidad, han establecido mediante una Ley de Responsabilidad Fiscal, «límites muy claros para la evolución de los gastos de personal para todo el sector público». En nuestro país ya la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP) ha iniciado estudios y consultas sobre este tema, e inclusive ha sometido con el concurso del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), un anteproyecto de Ley de Función Pública con la cual se sustituiría la actual Ley 14/91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la que tiene una serie de falencias que «limitan la posibilidad de avanzar en la profesionalización de la Administración Pública, que en resumidas cuentas es la estrategia de dicha normativa». Dicho anteproyecto de ley prevé la clasificación, valoración y retribución de los cargos públicos, lo que es esencial para homologar el sistema de los recursos humanos, proveyéndole al Estado y al público una instrumento mediante la cual evitar los urticantes privilegios que se asignan determinados funcionarios en la actual situación de carencia de reglas claras y concordantes sobre la función pública y su remuneración. Aclaramos, antes de concluir, que creemos que los funcionarios públicos deben ser bien remunerados, pero no para salir de esos cargos siendo millonarios al vapor. El que quiera hacerse de una fortuna que se enrole como empresario o negociante, pero no como servidor público. Se acepta un cargo público por razones que van más allá de lo pecuniario.