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Los miembros de la Cámara de Cuentas exigieron ayer una mayor partida en el Presupuesto General para el próximo año, con el fin de invertir en la modernización y agilización de los procesos de auditorías a obras como las construidas por Odebrecht.
Su reclamo fue hecho ante la Comisión de Justicia del Senado, a la que apoderaron de un proyecto que busca modificar la Ley 10-04, que rige la institución.
El autor del proyecto, senador Charlie Mariotti, definió al organismo como una “entidad indigente” que solo tiene contemplada una asignación de 654 millones de pesos, cuando debería tener entre mil y mil 200 millones.
Esa indigencia es la que, precisamente, impide que el organismo termine de auditar las obras ejecutadas por Odebrecht. Así lo afirmó el presidente de la institución, Hugo Francisco Álvarez Pérez.
Son muchas las instituciones que, según él, la Cámara de Cuentas debe fiscalizar y auditar. Sin embargo, la sequía de recursos limita sus funciones: “Deberíamos auditar el 80% del presupuesto nacional, y apenas auditamos el 34%. Son 7,288 instituciones del Estado, 5,975 asociaciones sin fines de lucro y 393 ayuntamientos y distritos municipales. No tenemos vehículos y nos faltan los software”.
La iniciativa legislativa persigue ampliar las facultades del organismo para que pueda acudir por sí mismo a los tribunales, en un plazo de cuatro meses y en caso de que el Ministerio Público engavete las auditorías practicadas.
