La crisis por la que atraviesa el sistema judicial dominicano no puede verse como una coyuntura extraña o nueva, sino como el detonante de un proceso de deterioro que está conectado con la falta de independencia, escaso presupuesto, y la injerencia de los poderes políticos y del crimen organizado en decisiones judiciales.

A tales conclusiones llegaron Servio Tulio Castaños, Francisco Álvarez Valdez, Laura Acosta, Cristóbal Rodríguez y Eric Raful, quienes tienen una amplia experiencia en derecho penal, administrativo y constitucional.

Rodríguez dividió en tres etapas los problemas de la justicia, y su análisis lo comienza con el “frenazo y retroceso en el proceso de independencia”.

“Ese proceso de profundización en el retroceso no solamente tiene un componente adicional que ha sido traído al debate por jueces sometidos a juicios disciplinarios, por lo que la sociedad se ha dado cuenta que la crisis de independencia del Poder Judicial tiene que ver con la política.

“Pero también con el asalto del crimen organizado, el problema no es solo de independencia interna y externa, sino el crimen organizado que se ha dedicado a dictar decisiones judiciales”.

El segundo elemento que cita es la crisis de eficiencia por la carencia de tribunales, pese a que han sido aumentados.

“Al día de hoy tenemos 102 tribunales creados por ley pero ninguno se ha podido poner en funcionamiento porque no hay dinero, 27 tribunales necesitados de reparaciones que requieren una inversión de alrededor de RD$75 millones”, expresó.
Esas debilidades las atribuye a la falta de presupuesto, y en ese caso expresa que los fondos que recibe el Poder Judicial están por debajo, en un 50%, de lo que establece la Ley.

Al Poder Judicial se le debe asignar el 2.66% del Presupuesto General del Estado, pero en 2016 apenas se le asigno el 1.36%

Otro de los problemas que advierte Rodríguez es la irracionalidad en la distribución territorial de los tribunales, lo que repercute en la mora de las audiencias.

“Todo eso coincide con una crisis profunda del liderazgo en el Poder Judicial; no hay visión de hacia dónde se debe dirigir el sistema de justicia, y eso ha traído como consecuencia que no se tenga una agenda a seguir”, expresó.

Orígenes del declive. Álvarez coincide con Rodríguez en el contexto de la pobre asignación presupuestaria y de los aspectos que medran la independencia del sistema de justicia.

Pero su análisis lo sustenta en tres episodios que, a su juicio, tienen que ver con la realidad que se vive hoy.

“En 1994 se modificó la Constitución por una crisis política, y aprovechando esa situación se planteó que se seleccionaran los jueces sin la intervención del Senado.
“Por eso se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se introdujo la carrera judicial, y cuando el presidente Leonel Fernández inició la reforma del Poder Judicial no tenía un solo miembro de su partido como candidato en ese proceso.

“Esa fue una primera ola de reforma, pero los problemas llegaron en 2001 cuando se crearon tres vacantes para la SCJ. Se cometió un pecado capital, pues la SCJ pasada y su presidente, Jorge Subero Isa, aceptó la propuesta del entonces presidente Hipólito Mejía de repartirse esos cargos entre gente del PRSC, del PRD y del propio Subero Isa, y se hizo una mascarada de evaluación.

“El otro elemento importante fue la sentencia Sun Land en el 2007, que fraccionó a la SCJ en tres, y creó una división y a partir de ahí el declive de la SCJ fue inexorable.

Esa situación la aprovechó el presidente Fernández para la reforma constitucional de 2010, en la que logró introducir un miembro más en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso le daba más poder a él. Eso le permitió recomponer la SCJ y eso ha minado el tema de la independencia interna”.

Sobre el particular dijo además que los traslados de jueces, en violación a la ley, también atentan con la independencia interna del sistema judicial.

Priorizar el diagnóstico. Acosta considera que, antes de sentarse a discutir sobre los problemas del sistema judicial se debe realizar un diagnóstico general.

Al hacer la observación expresó que la justicia está en crisis desde hace un siglo “lo que pasa es que ahora han salido a relucir una serie de cosas que no se veían antes, pero en realidad estos problemas se arrastran desde hace mucho y por no enfrentarse se ha acrecentado.

“Los que ejercemos la profesión de abogado sabemos que siempre se han esparcido rumores en el Palacio de Justicia de que hay corrupción, pero eso nunca se ha resuelto porque no se han tomado medidas”.

Acosta también coincidió con sus colegas sobre los problemas presupuestarios del Poder Judicial, pero al margen de las disquisiciones jurídicas prefirió citar dos ejemplos.

“A un alguacil le pagan 75 pesos en materia penal por notificar un acto en la SCJ, mientras aquí hay jueces que se cogen una licencia de cuatro meses, con disfrute de sueldo, para agilizar su proceso de residencia en los Estados Unidos.

“Y la infracción que no vale la pena perseguir es la de cheques sin fondo, no se persiguen, no los defiende la Defensoría Pública, en violación a la Constitución y a la ley, pero ese organismo argumenta que no puede defender acciones privadas como la Ley de Cheques porque ellos no son suficientes y las acciones privadas trata de problemas entre dos personas, entonces esos casos caen en un limbo”.

Poder Judicial subordinado. Castaños Guzmán planteó que, aunque los miembros de la SCJ no son escogidos por el Senado ni por el Presidente de la República, la realidad es que el Poder Judicial se encuentra subordinado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.

El segundo problema que advierte el jurista es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su entender es evidentemente es política.

“Cuanto te vas a la SCJ tenemos un Consejo del Poder Judicial que concentra mucho poder, porque concentra el administrativo y disciplinario, y como se han venido dando los traslados eso ha tenido un impacto en lo que tiene que ver con la independencia interna.

“Más aún, cuando las decisiones del Poder Judicial son administrativas, en caso de que sean impugnadas son conocidas por un órgano que está en jerarquía por debajo del Consejo del Poder Judicial, y eso impacta en la independencia del sistema”, dijo
Falta de tribunales. Raful planteó, igual que su colega Acosta, que un debate sobre los problemas de la justicia debe integrar a todos los actores de la sociedad, pero previo a un diagnóstico situacional.

Pero al referirse a los problemas latentes de la justicia citó que no se le entregue al Poder Judicial los recursos que por Ley le corresponden.

“Hay tribunales que no han sido puestos en funcionamiento, más de 400 funcionarios del área administrativa que tampoco han sido nombrados, y eso revela un tema presupuestario muy delicado, por lo que es un buen momento para que se cree conciencia sobre la necesidad de invertir en la justicia”.

Raful también se refirió al traslado de jueces en el contexto de la independencia interna del sistema.

Dijo que “estamos en una situación de precariedad institucional, por la no implementación la Ley sobre la prohibición del traslado sin consentimiento previo del juez”.

ZOOM

Base del análisis

Los juristas invitados al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio hicieron sus planteamientos tomando como referencia la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, de que los representantes del sistema de justicia discutan las debilidades del Código Penal y su repercusión en la administración de justicia.

La crisis actual

Desde fines del 2015 el sistema judicial atraviesa por una crisis interna y de credibilidad, a raíz de los supuestos casos de corrupción en los que estarían involucrados la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el juez renunciante Francisco Arias Velera. El Ministerio Público los acusa de pertenecer a una red que se dedicaba a negociar sentencias, especialmente con personas ligadas al crimen organizado. A los dos se les dictaron tres meses de prisión, como medida de coerción. Otro caso es el del fiscal Ysidro Vásquez, acusado de recibir US$125,000 para no procesar a una persona vinculada en el fraude del Banco Peravia.