Hoy 
LUPO HERNÁNDEZ RUEDA
Mueven a preocupación las dimensiones y el carácter de la inmigración haitiana, el enorme flujo de nacionales haitianos que por razones económicas o por otras causas, penetran constantemente y se asientan en el territorio nacional. Este flujo migratorio deprime constantemente el mercado de trabajo de los dominicanos. A tal punto llega la situación que el trabajo informal, el de mayor crecimiento en las últimas décadas en Latinoamérica, está formado en nuestro medio por nacionales haitianos, algunos de los cuales desarrollan y viven de un sistema de mendicidad organizada, presente en las grandes avenidas de las principales ciudades del país.
Los recursos limitados del presupuesto nacional dedicados a la salud, educación, empleo y a combatir la pobreza, son insuficientes para hacer frente a este fenómeno, en detrimento de los dominicanos.
Tradicionalmente, hemos respondido con lentitud y cierto desgano a las acusaciones de violación a derechos humanos que se atribuyen al gobierno y al pueblo dominicano. Da la impresión que tememos que defendernos, incapaces de hacer valer oportunamente la verdad de los hechos, y los instrumentos internacionales que justifican nuestros derechos y comportamientos.
De nada sirve establecer en el Código de Trabajo que el 80% del personal y de los salarios pagados por la empresa deben corresponder a los dominicanos, si esta norma de protección no se respeta, ni se hace respetar.
De nada sirve promulgar leyes como la nueva Ley de Migración No.285-04 del 15 de agosto del 2004, que establece sanciones penales para los empleadores que utilicen trabajadores extranjeros indocumentados o desprovistos de un permiso legal de residencia, si sus disposiciones no se cumplen ni se adoptan medidas para hacerla cumplir.
El desarrollo y el progreso nacional no pueden descansar en los bajos salarios, ni en el incumplimiento de las normas que regulan y protegen el trabajo humano en nuestro territorio. La magnitud y voracidad de la inmigración haitiana nos desplaza de nuestro propio territorio. Estamos obligados a impedir el derrumbe de la nación dominicana y evitar, mediante una inmigración selectiva de mano de obra calificada, la carga explosiva de la inmigración haitiana. No se compadece con el carácter temporal del servicio prestado, el otorgar visa a la familia del trabajador temporal.
Es conveniente establecer mecanismos y factores de atracción de empleo para dominicanos en las áreas rurales, mejorar el control de nuestra frontera y territorios fronterizos, impedir dentro del territorio nacional y en particular en la zona fronteriza la formación de núcleos poblacionales de inmigrantes con lengua, costumbres, ritos y creencias ajenas a las nuestras, desligados de las instituciones jurídicas nacionales. También erradicar las redes de traficantes de ilegales y regularizar el empleo de estos inmigrantes, mediante la visita directa y constante de los servicios de inspección de trabajo, migración y seguridad social en el lugar o centro de trabajo, sea rural o urbano, lo que permitiría mantener cierto control sobre el número y las actividades realizadas por el inmigrante.
