El sector sindical se opone a que se sigan haciendo reformas parciales o parches a la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social, como se propone una iniciativa una iniciativa de ley en el Congreso Nacional para bajar las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los sindicalistas Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), y Francisco Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), al asistir al Encuentro Económico de Hoy resaltaron la reciente aprobación por la Cámara de Diputados de modificaciones a la Ley 87-01. Sin embargo, no están de acuerdo, porque no se enmarca dentro de una reforma integral de la legislación.

Ramos dijo, no obstante, que ahora la prioridad no puede ser modificar el Código del Trabajo, sino la Ley de Seguridad Social, pero de forma integral, debido a que no ha dado los resultados que se esperaban, porque todavía hay más de dos millones de trabajadores que no están en este sistema.

De su lado, Ramírez resaltó que esta ley lleva tres modificaciones sin hacer un verdadero consenso entre los sectores, porque ha habido imposición política. Además, que la ley establece que esta debe revisarse cada 10 años, y van 12 años sin hacerse.

Abreu expresó que las pensiones de esta ley se empezarán a cobrar el 2028, pero ya hay pensiones por discapacidad.

También explicó que han fallecido 40 mil personas que son beneficiarias del sistema, sin embargo existe un contrato sobre póliza que las AFP han impuesto, que vence a los dos años.

Expuso que el problema surge cuando para cobrar esta pensión por fallecimiento, los familiares deben dar 15 pasos que al realizarlos toman dos años en ese proceso, lo cual ha llevado a que solo 5 mil familiares de fallecidos en accidentes tengan pensiones y el resto no, porque no tienen todos los papeles para hacerlo.

Insistió en que las Administradoras de Fondos de Pensiones no dan a conocer los derechos que tienen los afiliados y estos no saben cómo reclamarlos. Recordó que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) tiene como objetivo orientar a los trabajadores, pero a esta no se le entregan los recursos suficientes para cumplir bien su rol. Esta información a los beneficiarios garantizaría que se cumpla lo que establece la ley.

Entre los aspectos que deben ser revisados por consenso de la ley, citó la cobertura de salud, de riesgos laborales, las pensiones, los regímenes que existen entre otros.

Así mismo, Abreu criticó que existan tres regímenes de salud, porque especialistas afirman que no es sostenible el régimen contributivo subsidiado y que debe haber solo dos regímenes, el contributivo y el subsidiado.

Ramos expuso que la modificación de la ley que se estudia en el Congreso incluye cambios importantes porque incorpora a los padres como dependientes, aumenta las pensiones, entre otros.

En especial apoyan que la modificación a esta ley incluya una indexación anual a las pensiones según el Índice de Precio al Consumidor (IPC), pero reiteró que debe revisarse completa la ley.

Ramos también criticó que se han producido tres amnistías a los ayuntamientos por no pagar los recursos al sistema, lo cual afirma manda una señal muy negativa a los actores del mismo porque se está apoyando que no se le pague al sistema.

«Esto creó distorsiones, como el déficit que vemos hoy en las atenciones de salud que es considerable y va creciendo de manera sostenida y que en algún momento se va a convertir en una carga para el sector», sostuvo.

Asimismo, criticó la gran elusión que hay en el sistema con personas que cotizan por debajo de lo que deberían estar cotizando.