El caso de los 22,673 hijos de madres  extranjeras inscritos en el Registro Civil dominicano, que generó la crisis interna en la Junta Central Electoral (JCE) y  obligó al Congreso Nacional a intervenir en ella,  no es el mismo de  los 1,088 dominicanos de ascendencia haitiana que reclaman al  organismo electoral la entrega de sus documentos  que le son negados.

 El “match” que protagonizan el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y los miembros titulares José Angel Aquino y Eddy Olivares, devino a raíz de que Rosario, en un documento público,  negó una afirmación que nadie había hecho,  que  22,673 personas habían acudido al organismo a reclamar  actas de nacimiento, las cuales se le habían  negado por su  ascendencia haitiana.

 Las 22,673 personas referidas, son el total de hijos de madres extranjeras, de 67 nacionalidades distintas, detectadas en los Libros-Registros de las Oficialías, durante un levantamiento que en coordinación con los Oficiales del Estado Civil, dispuso Aquino en su condición de coordinador de la Comisión de Oficialías, y que posteriormente Rosario conoció y desautorizó.

En el ínterin de esta crisis en el seno de la JCE, cientos de dominicanos de ascendencia haitiana reclaman que se les respete su derecho a una identidad, ya que al habérseles suspendido los documentos emitidos anteriormente por ese tribunal tienen sus vidas legalmente deshechas.

Cronología de los hechos. El 10 de diciembre  del 2007, por iniciativa del miembro  José Ángel Aquino, el pleno de la JCE, entonces presidida por Julio César Castaños  Guzmán, aprobó la resolución 12-2007, mediante la cual se dispuso “la suspensión, provisionalmente, de las actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales”.

En el año 2010, Aquino, en su condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y en coordinación con los Oficiales del Estado Civil, dispuso hacer un levantamiento en todo el país sobre la referida situación.

 La investigación arrojó que  en los Libros de Registro dominicanos habían inscritos  22,673 personas  de madres extranjeras  de 67 nacionalidades diferentes, no residentes en el país, la mayoría de ellas haitianas.

El 19 de octubre del  2011, la directora del Registro del Estado Civil, Dolores Fernández, instruyó a todos los Oficiales del Estado Civil  mediante  circular 32/2011,  para que de conformidad con una decisión adoptada por la Comisión de Oficialías, el 5 de ese mismo mes,  expidieran “libremente” las actas de nacimiento correspondientes a hijos  de ciudadanos extranjeros que se encuentren en estado de investigación,  hasta tanto el pleno de la JCE determine si las mismas son válidas o no, y proceda a suspenderlas  provisionalmente o demandar su nulidad por ante un tribunal, o reconocer su irregularidad.

El 20 de diciembre del 2012, Aquino  remitió  al presidente de la JCE y demás miembros, para su consideración, un anteproyecto de ley sobre Registros de Nacimientos de Hijos  de Madres Extranjeras no residentes en la República Dominicana.

El 17 de enero del 2013,  el anteproyecto de ley  fue conocido y debatido en la Comisión de Oficialías, y por decisión mayoritaria se acordó recomendar al pleno de la JCE  “documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Registros de Nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según consta en el acta número 01-2013 de la reunión.

El 15 de febrero del 2013 Aquino solicitó al presidente y demás miembros  del pleno de la JCE, incluir  como tema de agenda de su próxima  sesión, el acta de la reunión de la Comisión de Oficialías donde se rechazó el anteproyecto de ley.

El 21 de febrero, el pleno de la JCE  celebró una   sesión Ordinaria Administrativa en la cual  decidió, entre otras cosas, acoger la recomendación de la Comisión de Oficialías, contenida en el acta 01-2013, del 17 de enero del 2013, según consta en una certificación expedida por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira. La medida fue aprobada  solo con el voto de Rosario y los magistrados César Francisco Féliz y Rosario Graciano de los Santos.

La madeja.  En esa misma sesión se comisionó a Féliz y Graciano de los Santos para revisar los expedientes de las 22,673 personas que  el levantamiento hecho en las Oficialías detectó  están asentadas en los libros-registros.

 El 11 de marzo, en repuesta a un requerimiento    de Féliz y  Graciano de los santos,  Aquino les comunicó  que en su despacho no reposa ningún expediente, y les recomienda dirigirse al presidente de la JCE, quien en la sesión del 21 de febrero, “mostró varias cajas llenas de expedientes que le habían sido remitidos por la Dirección General del registro Civil y refirió que esas cajas contenían aproximadamente 19,005 expedientes de registros de nacimientos de hijos  de madres extranjeras no residentes.

Por tales razones, el 18 de marzo, Féliz y Graciano de los Santos  le comunicaron  al presidente de la JCE que no podrán cumplir con el mandato e instrucción que recibieron,  de revisar los 22,673 expedientes, ya que  Aquino  “niega todo lo expresado en el pleno pasado, y nos recomienda dirigirnos a usted que es la persona que tiene  varias cajas con los aludidos expedientes”.

Aquino entrega lo que dijo tener.  El 23 de abril Aquino remitió al presidente y demás miembros del pleno, los formularios contentivos de los 22,673 registros de nacimientos de hijos  de madres extranjeras no residentes en el país, adjunto a un CD y comunicaciones de remisión de la Dirección  del Registro  y las  Oficialías del Estado Civil. En esos documentos afirma que “los formularios, debidamente llenados, fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la doctora Dolores Fernández Sánchez, directora Nacional del Registro del Estado Civil”.

Contenido del CD.  El disco compacto,  al igual que copia del levantamiento hecho en las Oficialías, entregado al presidente y demás miembros de la JCE por Aquino, así como a varios medios de comunicación, contiene los nombres de los 22,673 inscritos, libro, folio, acta, año,  fecha de la declaración, nacionalidad del padre, tipo de documento de identidad aportado por el padre declarante, nacionalidad de la madre y el tipo de identidad aportado por ésta al momento de realizarse el registro.

Todo eso “demuestra fehacientemente la existencia de los 22,673 casos o registros de nacimientos de hijos  de madres extranjeras no residentes en la República Dominicana”, señala Aquino en su comunicación a Rosario y demás miembros de la JCE, en carta enviada el pasado 23 de abril.

De claro a oscuro.  En  un documento publicado en algunos medios de comunicación en abril, el  presidente de la JCE  aclara que ese organismo   “no ha recibido, ni tiene constancia de que hasta hoy se hayan presentado a sus oficinas la cantidad de 22,673 personas solicitando la expedición de actas de nacimiento y que las mismas hayan sido negadas alegando asuntos de ascendencia haitiana”.

 Agrega que hasta la fecha, en aplicación  de la resolución 12-2007,  y luego de ser recomendadas por la Comisión de Oficialías, “solo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados, hasta tanto los tribunales procedan a su nulidad o validación”.

Son rumores. El  primero de mayo   Rosario fue invitado a exponer sobre el Registro Civil ante el Senado, y al referirse al tema de los 22,673  hijos de madres extranjeras inscritos en el registro civil dominicano dijo: “ Hay muchos rumores, una farsa sobre todo esto, pues la Junta no ha suspendido, anulado ni desnaturalizado a esas 22,672 personas….”. “Lo que le aseguro y afirmo es que la Junta no ha suspendido documentos a 22 mil ciudadanos, eso fue una cortina de humo que se monto para justificar un proyecto de ley”..

Ante diputados. El ruido que provocó el enfrentamiento entre Rosario y Aquino causó preocupación en el Congreso Nacional. A tal punto que el presidente de la JCE compareció ante una comisión del Senado, y luego a una similar en la Cámara de Diputados.

 El 14 de mayo la Cámara de Diputados designa  una comisión especial para investigar los problemas internos en la JCE, y tras conversar por separado con los cinco miembros del organismo, varios de sus funcionarios, y con el Director de Migración, se espera el informe con las recomendaciones que deberá hacer el hemiciclo.