Con una levedad como quien no quiere, el ministro Administrativo de la Presidencia de la República, José Ramón Peralta, expresó el 13 de este mes que el presidente Danilo Medina “firmará un decreto en los próximos días, quizás muy pronto” para convocar el Consejo Económico y Social al inicio de las discusiones para firmar el Pacto Eléctrico.

Uno de los grande retos aún no superados de todos los gobernantes, empezando por el presidente Joaquín Balaguer, es dotar al país de un servicio eléctrico confiable, a precio razonable, no subsidiado, forjando una cultura de compromiso con la facturación, que nunca nadie ha impulsado.

La capacidad instalada de generación eléctrica es de 2,800 MW y la demanda pico 1,813 MW, es decir que hay una oferta de 1,187 MW en relación a la demanda, conforme edifica el experto Milton Morrison, señalando que las distribuidoras compran a los generadores el kwh a US$16.48, mientras el precio de venta de las distribuidoras a los consumidores es de US$18.56, un déficit de US$2.08 por kwh (Listín 25-7-14).

Hay generadoras como Cogentrix, del Grupo Vicini, que apagadas perciben US$4.8 millones al mes, en un contrato que auspició en su primer gobierno el presidente Leonel Fernández y firmado por el entonces presidente de CDEEE, Temístocles Montás. Cuestionable inconducta de los tres.

La opción del vicepresidente de CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, de construir dos plantas a carbón no es la más óptima debido a que el gas natural resulta más económico y menos contaminante, además de modificar el costo de sendas plantas a carbón estimadas originalmente en US$1,500 millones y luego en US$2,400 millones, situación sospechosa que cuestionó la jueza presidenta del TSA, magistrada Delfina de León Salazar, disponiendo suspender irregular licitación.