Lo que pueda devenir de la agitación predominante en Haití debe preocuparnos a todos, sobre todo a la administración del Estado.

Hasta donde se ha visto, hay un movimiento de grupos armados que procura deponer el régimen de Jean Bertrand Aristide y, por supuesto, asumir el poder. Más allá del posible derrocamiento, no se sabe qué pasaría y si sería para bien o para mal del pueblo haitiano, para bien o para mal de las relaciones entre dominicanos y haitianos.

Aparte de esa incertidumbre, preocupa el hecho de que la acción no parece tener cabeza política visible, y en cambio están a la vista ex militares enemigos de Aristide que fueron aceptados como refugiados en la República Dominicana y que, de algún modo, han abusado de la hospitalidad brindada.

Preocupa que la oposición política organizada no parece tener protagonismo en esta lucha y que no tenía entre sus expectativas el derrocamiento de Aristide por vía de un levantamiento armado, aún cuando ha estado demandando su renuncia y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Como anotación al margen, incluyamos en esta reflexión el agravante de que al haber concluido el período para el cual fueron escogidos los legisladores, no hay un Congreso que pueda tomar determinaciones institucionales en los actuales momentos.

Parecería que nuestro enfoque invade aspectos de la soberanía del pueblo haitiano, más no es así. El enfrentamiento actual ya está determinando un aumento de la presión migratoria desde Haití hacia nuestro territorio, y en esa corriente podrían estar incluidos elementos indeseables que guardaban prisión en poblaciones tomadas por los alzados, aparte de que está por verse si su desenlace podría influir en el estado de las relaciones entre ambos países.

[b]-II-[/b]

En buen uso de nuestra soberanía como Estado y con apego al Derecho Internacional, el Gobierno debería pronunciar la cesación de las causas que motivaron la concesión de asilo o refugio para aquellos ciudadanos haitianos que habiendo sido acogidos aquí para protección de sus vidas, hayan retornado a Haití para participar en la acción armada, como hacen constar declaraciones y fotografías divulgadas por la prensa. En el caso de que alguno de ellos retornare a territorio dominicano, nuestro papel debería limitarse a gestionar que otro país los acepte y les brinde protección.

Debemos considerar también la delicadeza de nuestra posición en el plano humanitario, pues la situación imperante en Haití ha profundizado la pobreza y la hambruna está por empujar hacia territorio nuestro un número muy alto de personas en busca de refugio.

La vigencia de las relaciones diplomáticas con Haití nos obliga a rechazar salidas no institucionales para la situación de ese país, como el levantamiento armado actual. De ahí la delicadeza que reviste el hecho de que gente refugiada aquí esté participando en acciones que de primera intención podrían conducir a un régimen de facto.

El Gobierno debe manejar con pinzas las incertidumbres que caracterizan la situación haitiana actual, y fortalecer sus gestiones para una mediación internacional que propermita una

salida institucional en la que el pueblo haitiano pueda hacer valer sus preferencias.

La situación haitiana, pues, es preocupante desde cualquier ángulo que se le mire. E ilusos son aquellos que puedan creer que un caos en Haití puede beneficiar a determinados intereses, políticos o de cualquier índole, en la República Dominicana, pues así se alteraría la correlación de fuerzas en la siempre conflictiva región caribeña.