SAMANÁ. El Ministerio Público informó que apelará otra decisión del Juzgado de la Instrucción de Samaná relativa a una medida de coerción que favoreció a otros tres supuestos narcotraficantes, a quienes impuso garantías económicas de entre RD$300 y RD$50 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La medida fue impuesta por la jueza Manuela Acosta a los imputados Marino Liriano Guzmán, Wilson Lorenzo Peña Rosario y Rafael Arturo Polanco Ozoria, alias Raulín. 

La Procuraduría Fiscal de Samaná, que dirige el magistrado Robert Justo, acusa a los procesados de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, luego que le ocupara cinco paquetes de un polvo blanco, con un peso aproximado de 12 libras y media, que se presume es cocaína.

Según expuso el Ministerio Público la supuesta droga le fue ocupada a los imputados el 25 de diciembre del pasado año 2013, durante una requisa al vehículo tipo camioneta Mitsubishi, modelo M-200, color blanco, en el que transitaban por el sector Los Mangos del municipio de Sánchez, provincia Samaná.

De acuerdo al expediente presentado por el Ministerio Público, la sustancia, envuelta en material plástico color negro con cinta transparente, les fue ocupada en el asiento trasero del vehículo, donde además fue encontrada una pistola marca BERSA color negro calibre 9mm, serie 631999, con su cargador y 5 cápsulas, así como dos celulares.

Caso reciente. La Procuraduría Fiscal de Samaná también informó que apelará otra reciente decisión adoptada por la misma jueza Manuela Acosta, la cual varía la medida de coerción de un año de prisión preventiva impuesta a tres imputados acusados de narcotráfico internacional al ocupárseles el pasado año la cantidad de 264.97 kilos de cocaína.

La decisión que favorece a los imputados Bruce Alan Roberts, de nacionalidad norteamericana, y a los dominicanos Juan Tirso Bisonó Hiraldo y Carlos López, establece que éstos deberán pagar una garantía económica a cada imputado, consistente en RD$100 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Durante el desarrollo de la audiencia, celebrada en fecha 8 de septiembre del pasado año 2012, la Procuraduría Fiscal de Samaná presentó acusación por violación a los artículos 4D y E, 5ª, 28, 59, párrafo II y III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, siendo el caso declarado complejo.

Según establecieron las autoridades del Ministerio Público, los imputados en varias ocasiones solicitaron la revisión del caso y presentaron recursos de apelación ante la Corte Penal de San Francisco de Macorís, los cuales les fueron rechazados.

En ese sentido, precisaron además que en siete ocasiones los encartados presentaron incidentes en las audiencias preliminares que se conocían, con el objetivo de que el proceso se extendiera, siendo conocida el pasado 19 de diciembre del año en curso.

Indicaron que la magistrada Manuela Acosta para tomar la decisión alegó que el tiempo de duración de la prisión se había vencido, lo cual, afirmaron, no se corresponde porque el caso había sido declarado complejo y además por la proporcionalidad entre este y la garantía impuesta, la cual sostienen no va acorde con lo que establece la normativa procesal penal, al tratarse de un hecho de tráfico ilícito de internacional de drogas y sustancias controladas.