Cuando las discusiones sobre el proyecto de la hoy Ley Monetaria y Financiera de fines del año 2002, propuse que se incluyeran dos puntos que fueron desestimados por las autoridades del Banco Central. El primero era que el objetivo de la política monetaria no debía ser único: el de inflación baja y estable. El crecimiento y, sobretodo el nivel de empleo son objetivos de política tan o más importantes que la inflación, por lo que las políticas monetaria y fiscal debían proponerse en su programación anual (o multianual) tanto una meta de empleo en el mercado de trabajo formal como de inflación, mutuamente consistentes.

En el segundo punto planteábamos que la experiencia histórica reciente mostraba que desde que empezó a liberalizarse el mercado de divisas y los movimientos internacionales de capitales desde los años ochenta, se había registrado una gran volatilidad del tipo de cambio y la aparición periódica de crisis cambiarias en 1984, 1990 y 2002.

Que en la medida en que ha ido avanzando la liberalización de la cuenta de capitales, las crisis cambiarias han repercutido cada vez con  mayor intensidad sobre la economía real (crecimiento, empleo y distribución del ingreso): la crisis del 1990 fue peor que la del 1984, la de 2002-3 peor que la de 1990.

En consecuencia, proponía que debía incluirse en la ley un diseño institucional con previsiones que establecieran ciertas restricciones a los movimientos de capitales tanto ex-ante, como fijación de plazos mínimos a las inversiones de cartera (casos Chile y Colombia), o ex-post, como la potestad de las autoridades monetarias de restringir las salidas de capitales ante la eventualidad de salidas masivas y de corridas contra la moneda nacional (casos Taiwán, Singapur, la India).

El mismo año en que se aprobó la ley, hubo una fuga de capitales de $900 millones de dólares y un 25% de depreciación cambiaria.

La relativa estabilidad del tipo de cambio en los periodos 1992-2001 y 2005-2008, se produjo a causa de un contexto internacional favorable (crecimiento de la economía norteamericana), y sobretodo debido a una política monetaria que ha generado las tasas de interés del mercado financiero más altas y más volátiles de toda la historia republicana, combinada con políticas fiscales restrictivas bajo la tutela de los acuerdos con el FMI de 1991-1993 y 2004-2007. La estabilidad cambiaria ha mantenido relativamente baja la tasa de inflación, pero el tipo de cambio ha estado más tiempo sobrevaluada que a nivel competitivo.

Esta estrategia de política y ese régimen cambiario han contribuido a quebrar gran parte de la capacidad de los sectores productivos y las exportaciones de este país (empresarios, trabajadores y capital) y ha beneficiado al capital extranjero (con acceso a financiamiento externo barato) y a banqueros, especuladores y rentistas.

Retórica aparte, tanto el PRD como el PLD en el gobierno, han sido obedientes seguidores del Consenso Neoliberal de Washington. La tendencia al desorden, en un caso, y la sustitución de la doctrina política por la propaganda publicitaria, en el otro, arrojan un balance de una mísera imaginación política espantosa.