La actual jefatura de la Policía Nacional ha estado enviando a la sociedad señales alentadoras acerca del estilo mediante el cual esa institución hará valer la autoridad en la persecución del delito. El mayor general José Armando Polanco Gómez ha puesto énfasis en la preservación de la vida y el respeto de los derechos humanos, como premisas inviolables en la tarea de preservar bienes y propiedades. La preservación de la vida de los propios policías está también supeditada a esa condición.

La proscripción de los chequeos policiales en lugares oscuros plantea un cambio de estilo en la persecución del delito y tiende a desarticular un estilo a todas luces arcaico. Las pautas para que haya una administración adecuada del uso de la fuerza parecen acoger un reclamo de amplios sectores del país, que rechazan el abuso en la tarea de garantizar la seguridad pública.

La aproximación a sectores asediados por los delincuentes, como es el caso de los ganaderos, para trazar estrategias de protección y defensa, habla muy bien de los criterios en que se basa el resguardo de la propiedad. Si la acción policial sigue estas directrices y funciona la profilaxis permanente, la Policía Nacional podría recuperar mucha de la confianza perdida en una sociedad acorralada por la inseguridad. Son señales realmente alentadoras.

Cargos y unidad partidaria

Nada es tan fuerte como la confrontación por la distribución de cargos públicos para amenazar la cohesión de los partidos políticos. Desde luego, es una condición que solo se da cuando el ejercicio político está basado en la partidocracia y se persigue llegar al poder para servirse de él, no para servir desde él. En cualquier nivel de la pirámide de mandos partidarios surgen las discrepancias y los enconos si están de por medio cargos públicos para compensar los esfuerzos por la causa.

La democracia nuestra está atada a este estilo de ejercicio político. Nada novedoso está en el ambiente si se trata de rebatiñas y disgustos por unas cuantas posiciones en la administración del Estado. La puja no es por las calificaciones académicas que adornan a quienes apuestan por ocupar los cargos. En esta materia parece innecesaria la experiencia para las funciones en disputa. El Estado, después de todo, ni pide cuentas ni guarda rencor.