Frente al reconocimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sufrimiento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos, la República Dominicana no encontró otro recurso que gritar en defensa de su soberanía nacional.

Lo que esta reacción demuestra es la absoluta indiferencia del gobierno hacia sus más básicas responsabilidades.

A final de octubre, la máxima corte de las Américas declaró responsable el Estado dominicano por la negación de documentos de identidad y la privación arbitraria de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.

Esta no fue una queja nueva. Desde hace tiempo organizaciones dominicanas de derechos humanos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y varias agencias de Naciones Unidas vienen resaltando los abusos de los que son objeto los dominicanos de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos a causa de la discriminación que sufren en el país.

La reacción oficial a las críticas fue muy contundente. En un comunicado oficial, el porta-voz de la Presidencia dijo que se rechazaba la decisión por considerarla “extemporánea, sesgada e inoportuna,” y rechazó interpretaciones del derechos internacional que puedan “afectar la soberanía dominicana”. Un ex Presidente declaró que “constituye un atropello a [la] soberanía nacional, una vulneración [al] sistema democrático y un irrespeto al pueblo dominicano.”

¿Un atropello a la soberanía nacional? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como otros sistemas regionales de derechos humanos, fue creada para garantizar a los individuos bajo su jurisdicción una vía adicional para buscar justicia y reparación por abusos cuando los sistemas de justicia nacionales fallan.

Al rechazar el fallo de la Corte como una amenaza para la soberanía nacional, las autoridades dominicanas están socavando el mero concepto de derechos universales. Contraponer soberanía nacional vs derechos humanos es falso y contraproducente.

Los derechos humanos son la piedra angular sobre la que se sustenta el Estado de derecho y su soberanía. Son una herramienta fundamental con la que los Estados cuentan para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, nacionalidad o cualquier otra condición.

Esos mismos principios se encuentran en el corazón de las normas y de los mecanismos que la Republica Dominicana soberanamente se ha dado o a los que voluntariamente adhirió. La propia constitución del país dice que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales”.

Además, la Corte no es un dictador extranjero. Al contrario, es la última garante de los derechos humanos en el continente. Su mandato surge de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por la República Dominicana en 1978. El país, además, reconoció la competencia contenciosa de la Corte en 1999. Entonces ¿por qué se vería amenazada la soberanía nacional a través de la Corte Interamericana?

El reciente fallo no debe ser considerado como una afrenta al país ni a su soberanía sino como una oportunidad extraordinaria para reiterar el compromiso de la nación hacia los derechos humanos. Debe ser visto como una forma de fortalecer el estado de derecho, la convivencia nacional y las libertades fundamentales en el país. El mismo gobierno, en su comunicado oficial de respuesta al fallo, indicó que su objetivo principal es de “construir un país sin exclusión y sin discriminación”. Lo que ha hecho la Corte Interamericana no es nada más que trazar el camino que permite a la República Dominicana de cumplir con este objetivo.

Para demonstrar su “compromiso férreo con el respeto por los derechos humanos”, el gobierno dominicano no tiene otro recurso que restaurar los derechos de miles de personas que desde años viven en el limbo de la apatridia.

Desafortunadamente, el Estado dominicano reiteró su negación a cumplir con la sentencia de la Corte durante una audiencia que tuvo lugar en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el viernes pasado. Es preocupante que un Estado que se dice tan comprometido con el respeto de los derechos humanos esté dando la espalda a los mecanismos de protección de esos derechos. Amnistía Internacional llama al gobierno dominicano a reafirmar su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante el reconocimiento del fallo de la Corte Interamericana y comprometerse a acatar su reciente fallo sin demoras.