Las empresas distribuidoras de electricidad, que se encargan de vender a los usuarios la energía que compran a las generadoras, han entrado en una etapa de recuperación, de reducción de pérdidas.

Parecería que han dado resultados favorables los esfuerzos que han hecho por lograr disminuir la morosidad de sus abonados, resultados que no se obtienen de la noche a la mañana.

Pero esta disminución de pérdidas pregonada por las distribuidoras tiene que ser «transparentada» lo mejor posible, porque coincide con una etapa en que se están produciendo hechos que podrían poner en entredicho los medios por los cuales se ha logrado esa disminución de pérdidas.

La euforia de las distribuidoras se produce en momentos en que los apagones están, por así decirlo, acabando con medio país. Es un hecho contradictorio que la mejoría en las cobranzas no haya tenido como consecuencia un mejor suministro de energía.

-II-

Para empeorar las cosas, los ingresos de las distribuidoras han aumentado precisamente en momentos en que «llueven» las quejas de usuarios porque sus facturaciones han sido notablemente infladas, sin que hayan incrementado tan considerablemente el consumo de energía.

Las quejas son tan abundantes que la Superintendencia de Electricidad ha instado a los usuarios a reclamar sus derechos, en primera instancia ante las propias distribuidoras a que están abandonados, y en segunda instancia ante ese organismo regulador oficial.

¿Cómo disipar la duda de que esa disminución de pérdidas podría tener entre sus componentes las sumas generadas por una sobrefacturación masiva de la energía, equivalente a un aumento no autorizado de tarifas?

Como medio de comunicación siempre hemos abogado porque se pague el consumo de energía eléctrica, pero que se pague el precio justo. Con la misma fuerza, siempre demandaremos que haya transparencia en las relaciones entre las empresas eléctrica y sus abonados.

Crimen ecológico

La contaminación del río Higuamo ha llegado a proporciones desastrosas. Empresas, tanto tradicionales como de reciente instalación, siguen arrojando desperdicios al cauce de este río, que desemboca en San Pedro de Macorís.

Los desperdicios químicos y de otras naturalezas han ido eliminando flora y fauna, y se tiene sospecha de que ha sido causantes de muchas muertes humanas.

El hedor de las aguas del Higuamo delatan la alta contaminación que lo afecta.

Hace algunos años, el Gobierno emplazó a empresas que arrojan desechos a los ríos para que construyeran plantas de tratamiento, de modo que las aguas residuales llegaran al río sin contaminantes. Lamentablemente, esa iniciativa obedeció más a resabio político que a una política de Estado encaminada a enfrentar el problema de la contaminación.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe retomar la iniciativa de obligar a que las aguas residuales sean purificadas antes de ser arrojadas a los ríos.

De no hacerlo, se estará haciendo cómplice de un crimen ecológico muy grave, que tiene en la agonía del río Higuamo su muestra más decepcionante.