CARACAS, Venezuela. AP. El gobierno venezolano estudiará un posible aumento del precio la gasolina, la más barata del mundo, que se mantiene congelado desde hace más de una década, anunció el vicepresidente Jorge Arreaza.
“Hay que dar grandes debates en Venezuela. Hay que dar debates por los menos sobre lo fiscal, en el precio de la gasolina, comenzar a cobrar la gasolina. Vamos a estudiar un ajuste sobre el aumento en el precio.
Vamos a abrir consultas en todo el país”, afirmó Arreaza en una entrevista con una televisora privada.
El vicepresidente defendió las recientes medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro de rebajar los precios de algunos bienes, expropiar comercios de electrodomésticos y aumentar los controles en el sector automotriz y prometió que “vamos a equilibrar los precios a través de un sistema de fijación de precios que sea justo, donde el productor, el comerciante tenga una ganancia justa y no robe ni estafe al consumidor ni se quede con las divisas del Estado”.
El anuncio de Arreaza se dio poco después de las elecciones municipales en las que los candidatos oficialistas lograron más de 70% de las 337 alcaldías que estaban en disputa.
La gasolina, que se vende a cerca de un centavo de dólar por litro, es considerada un tema sensible en el país luego de que en 1989 un incremento del combustible desató violentas protestas callejeras en Caracas, conocidas como el “Caracazo”, en las que murieron varios centenares de personas. El último ajuste de la gasolina se realizó en 1997.
En los últimos doce meses los precios han crecido 54,3%. Venezuela enfrenta desde hace siete años la mayor inflación de la región a pesar de tener control de precios y de cambio desde hace una década. Para hacer frente al problema de la inflación y el severo desabastecimiento de algunos alimentos y bienes básicos, Maduro ordenó el mes pasado una rebaja de precios de algunos productos, expropió algunas empresas de electrodomésticos que fueron acusadas de especular y aprobó un plan de importaciones que será controlado directamente por el gobierno.
Los analistas consideran insuficientes estas medidas para atender la crisis económica del país que, sostienen, es consecuencia de un creciente gasto público y el agotamiento de los controles de precios y de cambio.