Estados Unidos aumentó ayer las presiones sobre el gobierno de Venezuela al anunciar un nuevo paquete de sanciones a funcionarios oficiales, en momentos en que el default de la economía venezolana parece una cuestión de tiempo. El departamento del Tesoro anunció sanciones contra diez funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que Washington responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
En un mensaje publicano en la red Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza acusó a Estados Unidos de «volver a sembrar desestabilización y violencia en nuestro país».
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Entre los sancionados también se encuentran dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Carlos Quintero; el actual embajador de Venezuela ante Italia, Julián Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Hidrobo Amoroso, y el titular de la Misión Transporte, el general Carlos Osorio.
Prácticamente ya todos los principales funcionarios del gobierno de Venezuela son objeto de sanciones por parte Washington.
En una nota oficial, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntó que «mientras el gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: EEUU no permanecerá de brazos cruzados».
Por ello, apuntó Mnuchin, el gobierno estadounidense mantendrá sus «vigorosos esfuerzos para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices» del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos adoptó este año un extenso paquete de sanciones a altos funcionarios venezolanos.
Sin embargo, la medida de efecto más devastador fue adoptada el 25 de agosto, cuando mediante un decreto firmado por el presidente Donald Trump se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses transar nuevos bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA. El viernes pasado, el gobierno de Venezuela citó a sus acreedores para el lunes 13 en Caracas a fin de iniciar una renegociación de la deuda del país. Tres agencias de calificación de riesgo -Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s- ya rebajaron sus notas de la deuda de la estatal petrolera PDVSA por considerar que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente. El gobierno de Trump anunció varias sanciones a funcionarios venezolanos este año.