El conflicto filosófico, teológico, teleológico, social, cultural y científico del aborto se define con estas dos frases lapidarias de dos mujeres con posiciones y criterios radicalmente opuestos : 1) “Siempre evito embarazarme, porque, después que está en mi matriz, lo paro, porque no mataría un hijo mío”, y 2) “El que no se quiera joder, que no me caiga adentro”.

La penalización de todo tipo de interrupción prematura del embarazo fomenta la práctica del aborto clandestino, muchas veces en condiciones inapropiadas que generan muertes maternas; la legalización del aborto, aunque parezca paradójico, también genera morbilidad y mortalidad porque favorece el sexo desenfrenado, sin protección, reflexión ni control, al disponer de una “salida fácil” legalizada, que multiplica la oferta del servicio, lo abarata, al tiempo que se incrementan las enfermedades de transmisión sexual.

Si se desea penalizar el aborto solicitado pura y simplemente porque se rechaza el embarazo, a la ciudadanía debe facilitársele el uso de métodos anticonceptivos, como aporte de la sociedad en la prevención; pero si el embarazo es resultado de una violación, un incesto, compromete la vida de la madre o es un embrión o feto con malformaciones incompatibles con la vida, en casi todo el mundo se califica el aborto como “terapéutico” y es practicado dentro de instituciones seguras y por personal calificado.

Nuestro problema es que casi siempre las leyes controversiales las desvirtuamos en vez de reglamentarlas correctamente, pues, para no viciar la legalidad de los abortos, se debe reglamentar quiénes, cómo y cuándo definirán, con pruebas científicamente documentadas, el carácter realmente terapéutico del aborto, a fin de que una legislación progresista no termine siendo un aborto jurídico.