Eddy Olivares y José Ángel A quino, ex miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE), admitieron que las elecciones de 2020 enfrentan riesgos por la falta de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, por lo que el organismo comicial tendrá que reglamentar el tiempo, gasto de campaña y uso de los medios, tal como advirtió su presidente Julio César Castaños.
Para Olivares la no aprobación de las leyes constituiría una muestra más del desprecio a la institucionalidad que ha caracterizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández en los últimos 13 años.
Indicó que a partir de la reforma constitucional del 2010, la aprobación de estas leyes orgánicas es obligatorio, por lo que su no aprobación sería una grave e injustificada reiteración del incumplimiento de las normas por el Poder Legislativo. Además, sería una burla más a la sociedad de estos líderes, que han prometido en múltiples ocasiones la aprobación de esta necesaria reforma política.

“El daño a la democracia sería significativo, debido a que tan pronto se descarte la aprobación de las referidas normas, las elecciones del 2020 estarían bajo sospecha de falta de equidad y objetividad, que son factores fundamentales para calificar la integridad de las elecciones”, expresó.
Agregó que la ya cuestionada imagen de los partidos políticos y su unidad interna se deterioraría mucho más ante la posibilidad de que la escogencia de los candidatos a los cargos de elección se haga, una vez más, de una manera antidemocrática. Olivares cree que se trataría de un plan del PLD para evitar reglas claras que garanticen competencias electorales transparentes y equitativas, con el propósito de retener el poder mediante el uso de los recursos del Estado.
JCE puede. Sin embargo, Olivares indicó que si la JCE cumple la advertencia de su presidente de apelar al poder reglamentario que le otorga la Constitución para garantizar la integridad de las elecciones, se podría tener mejores elecciones internas en los partidos y una competencia relativamente equitativa en 2020.

Recordó que en 2010 el constituyente le dio el poder a la JCE de garantizar, reglamentariamente, la libertad, la equidad y la transparencia de las campañas electorales, así como los tiempos, los límites de los gastos y el acceso a los medios de comunicación así como lo relativo a la democracia y la transparencia con que deben funcionar en los partidos políticos.
Cree que ese órgano no tiene justificación alguna para escudarse en la falta de voluntad de los legisladores y del liderazgo político para no garantizar la equidad y la transparencia de las elecciones. “A pesar de haber transcurrido ocho años desde la proclamación de la Constitución que consagró, en el año 2010, la autonomía reglamentaria de la Junta Central Electoral, este órgano no ha hecho nunca uso de esta facultad para normar los tiempos y los límites de los gastos de las campañas. Ya es tiempo que lo haga”, dijo.
Mientras que Aquino cree que lo más adecuado es contar con leyes para regular la competencia electoral y que estas tengan el consenso de los partidos, tal como impera en otros países. Dijo que en el caso dominicano la Constitución otorga esa facultad de manera excepcional a la JCE en los aspectos citados, tras recordar que desde las elecciones anteriores se solicitó al organismo tomar esas regulaciones.
En torno a la advertencia de Castaños de que la democracia colapsaría por falta de esas leyes, Aquino señaló que los partidos han perdido capacidad de arbitraje, por lo que necesariamente tiene que intervenir un árbitro externo, de lo contrario hay un alto riesgo de fractura y alta confrontación.
“Lo mismo ocurre con las elecciones si no hay normas de la campaña, de acceso a la medios y financiamiento, hay un riesgo que en la actividad haya más inequidad porque favorece a los más grande y a los que están en el poder y la posibilidad de que intervengan sectores vinculados al crimen organizado”, advirtió.