El acontecimiento político de enero fue el discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) con el que se inscribió en la exaltación del nacionalismo y la soberanía nacional como justificación del despojo de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas.

Al mismo tiempo el discurso afianzó el camino al aislamiento internacional del país, especialmente del vecindario caribeño, y lo expone a cuestionamientos y hasta condenas de organismos mundiales, especialmente de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Exaltación nacionalista. El enfático tono y las medias verdades con que el presidente Medina respondió en la CELAC los cuestionamientos a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de millares de dominicanos descendientes de extranjeros, satisfizo el nacionalismo de amplios segmentos nacionales y probablemente le ganó algunos puntos de popularidad al mandatario.

Pero el escenario escogido pareció equivocado ya que sus planteamientos, aunque satisfacen a los más exaltados nacionalistas dominicanos, no están llamados a obtener el mínimo apoyo internacional que le ha faltado en el debate, pero sí a afianzar el aislamiento con la comunidad del Caribe, que ya le dio un portazo a la petición de ingreso a Caricom, cuyos jefes de Estados constituían la mitad del auditorio, incluyendo a Venezuela y Cuba que diplomáticamente han expresado solidaridad con Haití.

El licenciado Medina abandonó su discurso original que pedía excusa a los afectados por la sentencia desnacionalizadora, cuestionaba su retroactividad y privilegiaba una solución humanitaria y se adscribió a los planteamientos del hecho cumplido que exalta un soberanismo hace tiempo limitado por múltiples tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Adoptó el discurso de que “no es cierto que en República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a alguien. Yo no le puedo quitar lo que no tenían algunas personas”, con lo que concuerda una apreciable proporción de los dominicanos, no así la mayoría de los expertos constitucionalistas y juristas que se han pronunciado al respecto.

La posición oficial se fundamenta en una ley de naturalización que ofrecería diversas opciones a los dominicanos declarados extranjeros sin corregir la violación del derecho fundamental a la nacionalidad, instituido en pactos internacionales y en la Constitución de la nación.

Pedradas al más chiquito. No hay dudas de que el presidente tenía que responder “discursos como los que se han pronunciado aquí”, como comenzó diciendo, lo que implica que no fue sólo al primer ministro de San Vicente-Granadinas, Ralph Gonzalves. Se refirieron también al conflicto, directamente la presidenta de Caricom y primera ministra de Trinidad, e indirectamente el mismo presidente de Cuba y anfitrión, Raúl Castro, cuando volvió a pedir el entendimiento entre Haití y República Dominicana, afectado por la sentencia excluyente, lo que también ha movilizado a Venezuela. Los jefes de Estado de estas dos naciones han expresado recientemente su solidaridad con Haití.

En términos dominicanos, Medina “mandó a freir tuzas” a Gonzalves, “cogiendo piedras para el chiquito”, individualizando los cuestionamientos de todo el Caricom, con un chivo expiatorio del rechazo que ha tenido el genocidio civil dominicano en múltiples organismos internacionales, del gobierno de Estados Unidos, de personalidades y de la prensa mundial. Todavía no ha aparecido un apoyo exterior. San Vicente-Granadina es un país de 103 mil habitantes, casi la centésima parte de los dominicanos y 389 kilómetros cuadrados, que caben 123 veces en el territorio nacional.

El problema es que estos cuestionamientos se hicieron en una cumbre regional, transmitidos por televisión y en presencia del mandatario dominicano, lo que le obligaba a responder. Pero lo que allí se dijo no dista nada de lo expresado por el secretario general de la OEA, por diversas agencias de las Naciones Unidas o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país en diciembre, cuyo informe planteó que “la sentencia conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad” y que “tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apatridia”…

 Debilidades del discurso

El discurso presidencial tuvo acierto en resaltar la solidaridad dominicana con Haití tras el terremoto del 2010, la convivencia entre los nacionales de ambos países y en rechazar el calificativo de racistas, así como al señalar el proceso de diálogo bilateral, la positiva disposición al respecto del presidente haitiano, y el plan de regulación de la inmigración, defendido como derecho del país, lo que debió satisfacer al auditorio, no así el enfático tono con que respondía los cuestionamientos allí expresados.

La improvisación condujo a errores, como afirmar que el país nunca ha sido sentado en el banquillo por violación de derechos humanos, cuando acumula dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sobre el mismo tema de la nacionalidad de dominico-haitianos y tiene allí otro caso sobre el cual hubo audiencia en octubre en México, unos 48 casos sobre los que la Comisión Interamericana ha celebrado dos audiencias en Washington, y múltiples en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que precisamente sesiona el miércoles 5 de febrero en Ginebra para conocerlos. En la agenda ya tiene cuestionamientos al genocidio civil.

El presidente cuantificó en un millón los haitianos que trabajan en el país, cuando su propio gobierno entregó el año pasado una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas que los estimó en 458 mil. Serían 668 si se convierten en haitianos los 209 mil descendientes nacidos en el país. Le sacaliñó que reciben servicios de salud y educación, (muy limitados y con exclusiones los domínico haitianos) como si fuera un regalo, cuando admitía que son el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas y de la construcción. Sin ellos esos dos sectores fundamentales de la producción entrarían en crisis, pero el mandatario no reconoció que los inmigrantes haitianos aportan el 5.4 por ciento del valor agregado de la economía nacional, 115 mil 920 millones de pesos, de acuerdo a un estudio reciente de la Unión Europea y el Fondo de Población de la ONU.

Aislamiento internacional. Si algo demostró la cumbre de la CELAC es las serias dificultades internacionales del Gobierno, que deplora el propio presidente Medina, a quien muchos ven como víctima de un temerario desaguisado alentado por ultranacionalistas e intereses políticos que no son los suyos, cuya posición inicial en el conflicto no fue respaldada por su propio partido y apenas por sus más cercanos funcionarios.

Esta semana el país volverá al banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mientras se celebrará mañana la segunda ronda del nuevo diálogo con Haití, montado como tabla de amortiguamiento del escándalo de la sentencia, donde tienen pendiente el tema urticante, en tanto el jueves el presidente de Haití, Michel Martelly, será recibido en la Casa Blanca de Washington por el único presidente norteamericano de ascendencia africana. En marzo próximo viene la audiencia en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las casi 4 mil denuncias de violación de derechos humanos que recibió durante su visita al país.

En el escenario de Ginebra chocarán las visiones de los grupos sociales dominicanos que han enviado cuatro delegados y la misión oficial que encabezará el Ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, que no será tan extensa como los 22 miembros que asistieron al anterior período de sesiones del Consejo de Derechos humanos en diciembre del 2009, cuando se comprometieron a responder decenas de recomendaciones. Varios países europeos ya han avanzado cuestionamientos que deberán ser respondidos sobre la sentencia 168-13.

La posición adoptada por el presidente Medina en la cumbre de Cuba remite el conflicto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, donde la jurisprudencia proyecta una condena revocatoria del genocidio civil, y entonces habrá que ver si los gritos nacionalistas y argumentos soberanistas serán suficientes para desafiar el dictamen, lo que agravaría la imagen y el aislamiento internacional de la nación, y si entonces bastarán los gritos del cardenal arzobispo de Santo Domingo que denuncia un acoso internacional.

Por de pronto el boche de Medina a Gonsalves, extensivo a todos los cuestionadores de la sentencia, afianza el aislamiento del país del bloque de 14 naciones de la propia región del Caribe, con capacidad para hacerse sentir no sólo en el hemisferio, sino también en la muy extensa comunidad de naciones africanas. Un grave retroceso en las relaciones internacionales de la nación dominicana.-