Hoy 
A tres años del asesinato del periodista Blas Olivo todavía no se ha conocido un juicio de fondo contra los acusados del hecho, situación que revela la negligencia con que actúan el Ministerio Público, la Policía y el tribunal apoderado del caso, según expresaron hoy sus familiares, amigos y colegas.
«La peor actuación ha sido y sigue siendo la del Ministerio Público, quien en cierta medida ha mutilado el expediente elaborado por la Policía, cuando debió profundizar las investigaciones y ampliar las evidencias contra los acusados. A esto se suma su negligencia para citar testigos y requerir que los acusados estén presentes en cada audiencia», resaltaron.
Es por eso que Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y los familiares y amigos del comunicador aprovechan este tercer aniversario de su asesinato para clamar por justicia.
En tal sentido, exigen del Procurador General de la República un cambio de conducta del Ministerio Público en torno a este caso a fin de ampliar las evidencias contra los acusados, garantizar que los testigos y las partes estén presentes en las audiencias (la próxima será el 14 de mayo) y procurando una sanción ejemplar contra los asesinos.
Blas Olivo.
«Bajo ninguna circunstancia permitiremos que este asesinato quede impune. La muerte, especialmente cuando es trágica y contra una persona buena, duele demasiado y no se puede reparar. Lo menos a lo que aspiramos es ver a los asesinos pagando la pena que le corresponde por el crimen que cometieron», indicaron.
Se recuerda que Blas Olivo, además de periodista, era economista y especialista en temas agropecuarios. Fue secuestrado y asesinado el 12 de abril del año 2015 en el municipio de Bonao, de donde era oriundo.
La Policía acusó del hecho a los integrantes de lo que denominó “poderosa banda” que se dedicaba al sicariato y realizaba atracos y robos de vehículos en la región norte del país.
Formaban parte de esa agrupación –según el expediente policial– los tenientes del Ejército Nacional Félix Abreu Rodríguez y Boris José Cabrera Tapia; el cabo de la Policía Angel Salvador Álvarez y el agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas Máximo Rafael Alcántara. También fue implicado en el crimen el empresario de la Vega Pascasio Bueno Rosario (Pascasito), junto a otras ocho personas. Sin embargo, los militares y policías así como el referido empresario fueron excluidos del expediente por parte del Ministerio Público, acción altamente sospechosa e inexplicable.
