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El partido Frente Amplio emplazó hoy al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a que aclare públicamente si accionará penalmente contra los responsables de comprar e imponer a la sociedad dominicana los costos e inservibles equipos electrónicos de la empresa Indra o permitirá, por acción u omisión, que el uso irregular de los más de RD$1,800 millones involucrados en el contrato quede en la impunidad.
En una misiva dirigida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y a los demás titulares del pleno, el partido definió como insuficiente la decisión administrativa de no utilizar en las elecciones del 2020 los equipos informáticos de registro de concurrentes y escrutinio de votos adquiridos durante la gestión de Roberto Rosario Márquez.
“Después de evaluar el altísimo costo económico, político e institucional que los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana estamos pagando como resultado de la relación contractual de la JCE con la empresa española Indra, desde el Frente Amplio exigimos conocer si los actuales titulares del órgano electoral gestionarán la identificación de responsabilidades administrativas y penales en este caso o se harán cómplices de uno de los mayores abusos cometidos contra nuestra democracia y nuestra gente en los últimos cincuenta años”, afirma el partido en el documento depositado por ante la Secretaría de la JCE.
Tomando en cuenta que con los fondos de los aparatos de Indra se podría cubrir el financiamiento público anual de todos los partidos políticos del sistema, el Frente Amplio exigió conocer “si el actual Presidente y los demás titulares de la JCE gestionarán una condena clara contra los responsables de contratar los aparatos inservibles o inaugurarán su gestión sumándose a la cultura de impunidad y corrupción que mantiene a nuestro país inmerso en el lodazal de la pobreza, la falta de institucionalidad y el subdesarrollo”.
El partido aseguró que es consciente de que los comprobados fallos en el funcionamiento de los equipos de Indra, sumados a la falta de preparación técnica y logística del personal de la JCE, impactaron negativamente en la calidad de la democracia y en la confianza de la ciudadanía en el sistema político dominicano, y por tal razón demandaron una declaración de las nuevas autoridades del órgano electoral sobre si asumirán su responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad o aplicarán la tradición del borrón y cuenta nueva.
El Frente Amplio calcula que con el dinero de los equipos de Indra el pueblo dominicano pudo tener acceso a 22 centros de salud de Atención Primaria, a 25 escuelas, y a cerca de 1,600 viviendas familiares.
Para la organización política es fundamental saber si el actual pleno de la JCE defenderá los recursos públicos y el imperio de la ley o si, por el contrario, cubrirá de manera activa o pasiva los hechos pendientes de investigación penal relacionados con el expresidente de la institución, el doctor Roberto Rosario Márquez.
