Uno de los ángulos de la injusticia social en República Dominicana aflige al asalariado desde que siente que sus fuerzas disminuyen y que el próximo capítulo de su vida sería el retiro después que -como ocurre en la mayoría de los casos según estadísticas- su ingreso ha estado por debajo de lo que requiere para sostenerse y la pensión que habría de obtener se presagia de montos también inferiores. Ahí están los hechos y los números, comenzando por un amplio sector de ciudadanos ya jubilados y que tras servir por mucho tiempo al Estado o haber cotizado desde lo privado con el antiguo IDSS hoy reciben insignificantes sumas mensuales aunque en teoría el Estado debe por ley proteger a los adultos mayores.

Lo que comúnmente llaman sistema previsional dominicano en su viejo esquema, o como parte de la insuficiente Seguridad Social actual, está a lo sumo permitiendo que mujeres y hombres continúen, al pasar a retiro, en su misma pobreza o a sentir que se les agrava con la ironía de que ahora el régimen pensionista que acumula inconmensurables ahorros bancarios está siendo augurado como incapaz de responder a las necesidades de miles de personas que a la vuelta de los años estarían condenadas además a quedar segregadas del derecho a consultas médicas e internamiento al amparo de las administradoras del sistema. Así quedaría cruelmente redondeada la desprotección que les espera.

Una vara para medir a todos

Los políticos en usufructo o con aspiración a manejar recursos del Erario deberían desvelarse en el cumplimiento de cada norma trazada para garantizar el buen uso de valores del ámbito estatal, cuestión de conservar el respeto de los ciudadanos o demostrar que merecen la confianza que a través de las urnas se depositó en ellos. La renuencia o incumplimiento reiterado de algunos partidos a rendir cuentas puntuales sobre los fondos públicos que reciben no se compadece con la aspiración a transparencia.
Se corresponde ¡eso sí! con una actitud desdeñosa al justo principio de que la ley debe ser para todos; que no es para acomodarla ni para, ante ella, sentirse con derecho a ignorarla desde estatus del Poder como si este diera licencia a pasar por encima de los preceptos para que sean aplicados exclusivamente a los rivales.