El escándalo por contratos otorgados a la firma Odebrecht plantea un lógico dilema sobre culpabilidad o inocencia para quienes tomaron decisiones al asignar obras en unos pocos periodos. El esclarecimiento de las concesiones alcanza ribetes cruciales como oportunidad para sentar ejemplos en materia de transparencia y régimen de consecuencias, que a juicio de muchos nunca ha funcionado con los alcances que merece la República. Sin embargo la lentitud del proceso de sustentación de expedientes causa escepticismo. El carismático obispo católico, Víctor Masalles, cree que la lucha contra la impunidad está perdida porque el presidencialismo centralizador es frustratorio. Los hechos dirán si ha estado en lo cierto.
La gestión judicial desconcierta al contrastar con otros países señalados por Odebrecht en los que ya se formularon múltiples incriminaciones con casos de menor gravedad que los aquí atribuidos. El retraso de procesos locales sellaría un revés si da paso a encausamientos que no se correspondan con la magnitud del escándalo. Las dudas sobre conductas pasadas, con imputaciones de presuntas culpabilidades circulando oficiosamente, incluso con mención directa de personajes, podrían derivar en convicciones de reprobación a lo vox populi que distinguen poco entre justos y pecadores. El interés por diáfanas y categóricas conclusiones corresponde a muchos. Un asunto de honor.

Un vacío de restricciones

En el comportamiento de mucha gente está, con desprecio a los riesgos, la automedicación; se adquieren y consumen fármacos aunque resulten de administración delicada y no hayan sido recetados por los médicos. Cualquier vecino se siente con calidad para recomendar tratamientos. Quienes se acogen a esta práctica violan límites del ejercicio de la medicina y probablemente legales. El comercio de patentizados no se acoge mucho a estos preceptos. La extendida práctica debería ser combatida con supervisión sobre las ventas a todos los niveles e incluso con la cooperación responsable y ética de boticarios. El consumo sin prescripción más común es el de antibióticos. Los vendedores no suelen exigir recetas por ellos y las autoridades no persiguen esta práctica que, entre otras consecuencias, implica propiciar infecciones resistentes a medicamentos haciendo más vulnerables a los usuarios.