Explica qué impedirá que su gestión en OISOE sea cuestionada

Explica qué impedirá que su gestión en OISOE sea cuestionada

El director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, manifestó hoy que en aras de evitar que su gestión sea cuestionada, tiene un control “a nivel de informática que protege mucho los presupuestos”.

“Tengo un departamento de presupuesto muy bien manejado por personas con cierto grado de seriedad; nosotros tratamos de preocuparnos porque el equipo de personas que estén consciente de eso (del manejo del presupuesto) sean personas serias”, expresó Pimentel Kareth, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Al almuerzo también asistieron los ingenieros José Miguel Florencio, director técnico; Rigoberto Esquea, subdirector para el Distrito Nacional (DN) y la provincia Santo Domingo; y Edwin de la Cruz, director de Comunicación de la OISOE.

 

 

Caso Félix Bautista. Cabe recordar que Félix Bautista, senador por San Juan, fue acusado por el Ministerio Público de corrupción y enriquecimiento ilícito, en su gestión como director de la OISOE, de 1996 al 2000, en el gobierno del expresidente Leonel Fernández Reyna.

Respecto a las denuncias, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, asegura que ninguno de los imputados de la OISOE ha podido demostrar la procedencia de sus fortunas ni rebatir la oferta probatoria que sustenta la acusación del Ministerio Público.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones y las protestas, el pasado 27 de marzo Bautista y los demás implicados fueron favorecidos con un «no ha lugar» dictado por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, quien alega que para una acusación sea exitosa se requiere que el acusador sustente en pruebas lícitas obtenidas conforme a la ley y la Constitución.

El «no ha Lugar» de Moscoso Segarra ha provocado que diferentes sectores de la sociedad se muestren inconformes, con protestas en diferentes partes del país. El Ministerio Público apeló la sentencia de Segarra a través de su Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

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