La facción del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que preside el senador por San Pedro de Macorís José Hazim Frappier, consideró ayer que es obligación del Estado proveer los fondos a la Junta Central Electoral (JCE) para que cumpla con lo que dicta la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Tras una reunión con el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, prometió trabajar en la Ley de Régimen Electoral, e indicó que esa norma es complemento de la de Partidos.
Hazim Frappier advirtió que los partidos están obligados a cumplir el mandato de la Ley, por lo que deben adecuar sus estatutos.
“Esto no es un capricho de nadie, esto es una Ley, y el Estado dominicano tendrá que proveer los fondos de una manera u otra a la Junta Central Electoral para la celebración, tanto de las primarias como de las elecciones”, precisó.
Recordó que habrá elecciones en febrero y mayo de 2020, además de las primarias supervisadas y organizadas por la JCE, y se necesitan fondos para esos procesos.
Consecuencias. Consideró que nunca será mucho dinero invertir en el proceso democrático de la República Dominicana, ya que en esa democracia es que la sociedad vive en paz.
Dijo que la Ley estableciera un régimen de consecuencias para quienes la violen, sobre todo cuando se difundan informaciones falsas sobre un candidato.
“Aquí quien viole la Ley tiene que pagar por ello, entonces, con la Ley de Partidos hay un régimen de consecuencias y quien viole esa Ley tendrá que someterse a ese régimen”, advirtió. Dijo que iniciada la segunda legislatura, a partir del jueves, trabajará para que la Ley del Régimen Electoral sea aprobada, ya que es el complemento de la 33-18, promulgada el lunes por el Poder Ejecutivo.
Ardí político. El diputado Marino Collante, quien acompañó a Hazim Frappier en la JCE junto a Joaquín Ricardo, definió como un ardid político decir que la Ley 33-18 es inconstitucional.
Dijo que el Congreso tuvo la delicadeza de estudiar muy bien la parte constitucional, por lo que considera errónea la estrategia que en ese sentido promueven algunos sectores.
“Ese es un argumento político que no puede sustentarse en ningún tribunal de la República Dominicana, especialmente en el Tribunal Constitucional”, asegura. Estimó que la Ley 33-18 llena en más de un 90% las debilidades de los procesos electorales.
Entregaron al presidente de la JCE el acta de la asamblea que efectuaron el pasado ocho de julio en la que eligieron las autoridades del PRSC.