La historia triste de la niña Carla Massiel, secuestrada y posteriormente asesinada, parece no tener fin en los tribunales, donde, pasados tres años del horrendo hecho, su nombre se bambolea entre imputados, abogados y jueces, que no acaban de ponerse de acuerdo sobre quienes fueron los verdaderos culpables del hecho.
Ayer, los familiares de la menor fallecida solicitaron al Consejo del Poder Judicial (CPJ), suspender y someter a juicio disciplinario a la jueza suplente de la Instrucción del caso, Hilda Sánchez, por haber excluido del proceso a Liliana Santana, quien habría pagado al principal acusado del caso, Darwin José Trinidad Infante, la suma de US$3,600 por el secuestro de la niña, a quien, previo a su asesinato, le habrían extraído órganos en una clínica ubicada en Santo Domingo Este.
El 11 de mayo en curso, la magistrada Sánchez, en calidad de jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo, dictó auto de apertura a juicio de fondo en contra de Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez, por la muerte de la menor, y descargó a Santana, alegando falta de pruebas en su contra.
En su solicitud de suspensión de la jueza, depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el abogado Plutarco Jáquez dijo que incluyen grabaciones en DVD de reuniones donde Santana supuestamente negocia su exclusión del proceso dando dinero para jueces; declaraciones de Trinidad Infante, donde dice que entregó a Carla Massiel con vida, a Santana y ésta se la habría entregado muerta; y denuncia de Diolandita Cabrera, madre de la menor, sobre entrada y salida de Santana del despacho de la jueza.