La diputada Faride Raful sometió un proyecto de ley de “Reorganización de la Administración Pública” que busca disolver 57 instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por de fondos por aproximadamente RD$15,700 millones mientras su impacto social es bajo.
La iniciativa busca reorganizar y mejorar la gestión pública mediante la disolución y traspaso de funciones de estas entidades que forman parte del Gobierno Central y que carecen de funciones o tienen duplicidad con otras instituciones, “provocando dispendio en los gastos corrientes”.

Raful, diputada en el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), indica que la Constitución de la República Dominicana establece el principio de razonabilidad en el uso y manejo de los recursos del Estado, con lo cual no se está cumpliendo.
Déficit. Señala además que los presupuestos de la última década reflejan déficits, parcialmente originados por partidas presupuestarias y transferencias cuantiosas realizadas a una serie de instituciones públicas y/o organismos del Estado ineficientes, arcaicos.
Apunta que en la Ley General de Presupuesto del 2017 se identifica un grupo de partidas y transferencias, cuyo uso y retorno social debe ser revisado.
Recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que el nivel de nuestra deuda pública de la República Dominicana supera el 51% del Producto Interno Bruto (PIB), pronosticando que para los próximos tres años podría superar el 60% llegando a posibles niveles de insostenibilidad de la deuda pública.

Agrega que gran parte de los economistas más reconocidos, han sugerido realizar ajustes significativos al gasto público, a los fines de evitar llegar a los niveles de insostenibilidad a los que el país se dirige.

Señala que el Proyecto de Presupuesto General para el año 2018 “mueve a enorme preocupación dado que aumenta significativamente los gastos corrientes y aumenta de manera agresiva el déficit y el financiamiento, por lo que es imperativo que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias que permitan producir los ahorros para frenar el tren de endeudamiento en que se encuentra el país”.
Dos casos. De aprobarse la ley, pasarán a ser parte del Ministerio de Agricultura los equipos, bienes muebles e inmuebles, personal y presupuestos de 12 instituciones que dejarían de existir, tales como son el Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera (CONALECHE); el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR); el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE); Instituto del Tabaco (INTABACO); Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); Instituto Nacional de la Uva; Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA); Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF); Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario; Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE); Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) y Consejo Nacional de Agricultura.
En el caso del Plan de Asistencia Social, absorbería 14 entidades como son el Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR); Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENORTE); Instituto para el Desarrollo del Nordeste (INDENORDE); Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD); Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP); Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME); Comedores Económicos; Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN); el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales; Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC); Progresando con Solidaridad; Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial; la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y Comunidad Digna Contra La Pobreza.

Prohibiciones. El proyecto de ley prohíbe al Poder Ejecutivo crear mediante decreto ninguna institución, comisión, consejo o dirección sin que la misma sea aprobada por el Congreso Nacional mediante una ley especial y bajo el amparo de la Constitución de la República Dominicana.
Igualmente prohíbe la asignación de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Fundación Banreservas, por ser una entidad vinculada al Banco de Reservas de la República Dominicana, con autonomía presupuestaria para poder cubrir las necesidades de dicha entidad sin fines de lucro.

También impide la asignación de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Comisión Hípica Nacional, que por regular todo lo relacionado con ese sector y tener el manejo del Hipódromo Nacional debe ser auto sostenible para cubrir las necesidades financieras que tenga la entidad.
Además prohíbe la asignación de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), y asigna dichas partidas o transferencias al Banco Agrícola, entidad que debe ser la llamada a realizar estas transacciones financieras.

Personal. En cuanto al personal que se pretenda trasladar de las instituciones públicas eliminadas a las absorbentes, la iniciativa indica que sólo podrán ser trasladados siguiendo los normas establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública.

Sanciones. El proyecto establece que los funcionarios o empleados públicos, que de manera individual o conjunta, ejecuten medidas y disposiciones contrarias, serán castigados con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación absoluta de cinco a diez años, para cargos y oficios públicos.