La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Federación Dominicana de Distritos Municipales y otras entidades municipalistas, depositaron ayer ante el Tribunal Superior Administrativo, el conocimiento del recurso en contra de la resolución 21/2018, que establece nuevos impuestos para los servicios de actos notariales de 350 y 550 pesos, usurpando funciones de las Direcciones de Registros Civiles de los ayuntamientos.
El tribunal, presidido por Rafael Vásquez Goico, pospuso la audiencia para el 8 de octubre para darle oportunidad al Consejo del Poder Judicial que tome comunicación sobre la intervención de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

Rafael Hidalgo, presidente de FEDOMU, dijo que los alcaldes de todo el país estarán en pie de lucha para evitar la aplicación del referido impuesto que es ilegal, porque la aplicación de nuevos impuestos deben de ser aprobados por el Congreso Nacional y no por una entidad en especial.
Explicó que con esta decisión el Consejo del Poder Judicial se toma atribuciones que no le confieren, crea confusión y podría generar una doble tributación en la población, ya que el manejo de dichas tasas es responsabilidad de las Direcciones Registros Civiles de los Ayuntamientos según la Ley 23-34 de Registro Civil.
Habla Miguel Surún Hernández. Mientras que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), reiteró que la resolución es inconstitucional porque rebasa las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, que se ha instaurado por encima de la ley, atentando en contra de una atribución consagrada en la Ley 23-34 de Registro Civil.
Hernández advirtió además que esto es solo el principio para despojar a los ayuntamientos de sus fuentes de ingresos, ya que comenzaron primero con los poderes y testamentos que dice la Ley 140-15, ahora contradiciendo la referida ley, cambian no solo los poderes y testamentos, sino también todos los actos auténticos y que mañana serán los actos de alguacil.
FEDOMU y CARD decidieron unir sus fuerzas a fin de evitar la aplicación de estos nuevos gravámenes, que según ellos, están al margen de la ley.