Pequeñas y microempresas ya han comenzado a beneficiarse de la posibilidad de obtener financiamiento poniendo en garantía sus potenciales flujos de ingresos, en base a contratos, aprovechando las modificaciones del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), dispuestas por la Junta Monetaria.

Así lo revelaron los directivos de la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (Asofidom); Luis Miguel De Camps, director ejecutivo, y Gustavo Vergara, presidente del Consejo de directores, al participar en el Encuentro Económico, quienes expusieron que ahora desarrollar esta herramienta vía el fideicomiso es uno de los grandes retos que tiene el país.

Explicaron que las fiducias en garantía están siendo utilizadas por 15 empresas actualmente y buscan difundir sus beneficios para que más empresas grandes, medianas y pequeñas puedan acceder al mismo.

Vergara dijo que la Junta Monetaria entendió la necesidad de modificar el REA e incorporó en el 2015 como garantía admisible los intermediarios financieros del fideicomiso. Y hace dos meses la Superintendencia de Bancos ya ha emitido una resolución que regula esta modificación del REA.

Reveló que esto va a permitir que las pyme y grandes empresas que enfrentan grandes problemas de financiamiento puedan acceder a capitales utilizando varios tipos de garantía, la que usualmente se hacía solo con un inmueble.

“Es decir que una empresa puede poner en garantía de pago de un financiamiento, un contrato de ventas futuras de su producción que ya tiene vendido, solo cediendo este pago que va a recibir a una fiduciaria que se encargará de pagar al banco y administrar este dinero”, explicó.

Por otro lado, Vergara reveló que con la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, hay una oportunidad y un reto del sector fiduciario, ya que una empresa que se someta a ese proceso puede hacer esta reestructuración a través de un fideicomiso.

Dijo que incluso en otros países, como en Colombia, este tipo de herramienta es utilizada por los ayuntamientos que gastan más recursos de los que reciben, para que la fiduciaria administre su asignación presupuestaria y determine en qué forma va a gastar estos recursos..

Mencionó que más de 700 ayuntamientos en Colombia utilizan el fideicomiso de esta forma con excelentes resultados y que les ha ayudado a eliminar la corrupción y despilfarro de recursos.

Modificaciones a la ley 189-11. Además Asofidom busca que se modifique la Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso para que se regule el fideicomiso público y así crear las condiciones para sea viable y dinámico su desarrollo. Vergara explicó que actualmente cada vez que el Estado quiere establecer un fideicomiso debe de ser aprobado en el Congreso Nacional, lo cual hace el proceso más lento.

También se debe establecer en esta modificación que la escogencia de la fiduciaria en fideicomisos públicos sea por licitación.

De Camps resaltó que así mismo debe modificarse en la Ley 189-11 que exista solo un regulador de los fideicomisos, ya que actualmente hay tres reguladores la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, lo que provoca triplicidad de requerimientos y en muchas ocasiones existe falta de comunicación interinstitucional entre las mismas.

Indicó que entienden que la entidad llamada a regular el sector es la Superintendencia de Bancos, ya que el fideicomiso es un producto financiero.

Vergara destacó que otro tema que hay que regular son las responsabilidades de las fiduciarias, en especial las transferencias de los activos que administrará esta si los recursos son de origen público.
Y además que si los recursos son privados el impuesto de transferencia no se pague en la entrada sino al final.

“No buscamos exención de impuestos sino que este impuesto se pague cuando se le transfieran estos recursos a un tercero, no a la fiduciaria”, dijo.
Múltiples usos. Los directivos de Asofidom, entidad que agrupa a 12 fiduciarias, destacaron que el fideicomiso es una figura con múltiples usos y no solo el desarrollo inmobiliario, como son la oferta pública de valores, de garantía, de administración, de fuentes de pagos, filantrópicos y educativos, entre otros.

Explicaron que a noviembre de 2015 existían 160 fideicomisos en operación y ahora esa cifra debe estar en 220 y esperan que sigan creciendo.