Filiales Odebrecht se quejan medida de Justicia de Perú

Filiales Odebrecht se quejan medida de Justicia de Perú

Las empresas Consesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos, filiales de la brasileña Odebrecht y gestoras del proyecto de irrigación de Olmos, en Perú, denunciaron ayer que el Ministerio de Justicia no les permite pagar a proveedores y acreedores, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Las dos compañías explicaron en un comunicado que el Ministerio de Justicia les ha denegado todas las solicitudes de pago que le presentaron desde que en marzo entró en vigencia la Ley 30737, cuya función es asegurar el pago inmediato de la reparación civil de la constructora brasileña por los sobornos pagados en años anteriores.
CTO y H2Olmos afirmaron que las solicitudes cursadas al Ministerio cumplen “integralmente” los requisitos establecidos en el reglamento de la ley. Las mismas empresas recordaron que esta paralización en sus pagos no ocurría antes de la entrada en vigor de la Ley 30737, pues el mismo Ministerio de Justicia aprobó veintiocho pagos bajo la vigencia del decreto de urgencia 003, que fue sustituido por la norma actual.
El decreto de urgencia 003 fue instaurado por el Gobierno peruano en 2017 para afrontar el escándalo de corrupción de Odebrecht con la intervención de cuentas, la prohibición de trabajar para el Estado y la supervisión de sus ventas de bienes a las empresas que hubiesen confesado delitos de corrupción.
La Consesionaria Trasvase Olmos tiene tres pagos atrasados al banco HSBC en Estados Unidos, vinculados a un préstamos del CAF, cuya aprobación todavía no llega por parte del Ministerio de Justicia, quien todavía tiene diez días para pronunciarse, tras haber recibido la solicitud en mayo. Entre los acreedores perjudicados por los pagos denegados está el ingeniero independiente del Proyecto Olmos, quien es parte de los contratos de financiación con el CAF, además de consultores extranjeros especializados en seguridad de presas y monitoreo geológico. Las dos empresas lamentaron que el Ministerio de Justicia tampoco les permite comprar los repuestos e instrumentos especializados necesarios para mantener las instalaciones del proyecto, que incluye una presa, un túnel de veinte kilómetros y un sistema de irrigación.

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